La Corte Suprema defiende la libertad de expresión

Diario de América

El pasado marzo, durante la vista oral en la Suprema Corte de Justicia de la prohibición por parte de la Comisión Electoral Federal de una película de contenido político, varios jueces quedaron horrorizados. Súbitamente y con retraso vieron el abismo que podría tragarse a la Primera Enmienda.

El magistrado Antonin Scalia estaba "un poco desorientado" y el juez Samuel Alito dijo que "es bastante increíble". El presidente de la Corte John Roberts decía: "Si aceptamos la constitucionalidad de su alegato, estamos sentando un precedente que usted mismo dice se ampliaría a la prohibición del libro" – un hipotético libro de 500 páginas que contuviera una frase que rezara: "votar a" un candidato en particular.

Lo que les sobrecogió, pero no debería haberles sobrecogido, fueron los argumentos del abogado del estado, que sólo estaba ejerciendo su deber profesional con honestidad ruinosa – ruinosa para su causa. Él estaba defendiendo el extraordinario entramado de incertidumbres que ha creado la ley federal de financiación de campaña, y la confusión que sembró la Corte en el 2003 cuando, al ratificar la constitucionalidad de las restricciones adicionales a la libertad de expresión que impone la ley McCain-Feingold, permitió al Congreso que la libertad de expresión fuera regulada por y en torno a los que se postulan al Congreso.

El abogado del estado intentaba justificar la decisión de 2008 de la Comisión Electoral en virtud de la cual la ley McCain-Feingold prohíbe por fuerza "Hillary: La película" en el circuito de distribución. El letrado dijo, en la práctica:

No me culpe. La ley McCain-Feingold ordena a la gente que cierre la boca en los momentos en los que el discurso político cobra más importancia. Prohíbe la emisión de "comunicaciones electorales" (comunicaciones "susceptibles de ninguna otra interpretación razonable que la de instar a votar a favor o en contra de un candidato concreto") pagadas por corporaciones durante los 30 días hábiles anteriores a unas primarias y 60 días antes de unas generales. Por corporaciones no se entiende única, ni principalmente, a la General Motors o General Electric o similares; el término corporaciones incluye también a los grupos de activismo político, desde la Asociación Nacional del Rifle al Sierra Club. De manera que, sí, si un libro publicado (como suelen serlo los libros) por una corporación contiene una única oración de activismo relacionado con unas elecciones, el libro podría –habría – que ser prohibido por el gobierno federal, y no sólo durante la horquilla temporal establecida por la ley McCain-Feingold.

Sobrecogida, la Corte Suprema fijó una nueva vista para el 9 de septiembre. El día 30 de agosto, un artículo del New York Times incluía un delicioso aperitivo de la mano de Fred Wertheimer, el infatigable defensor del aumento del control gubernamental sobre la cantidad, el momento y el contenido del discurso de campaña — el discurso acerca de la composición del gobierno:

"En una entrevista, el Sr. Wertheimer parece reacio a responder a preguntas acerca de la regulación pública de los libros. Insistiendo, el Sr. Wertheimer decía finalmente: 'un documento de campaña en forma de libro podría estar prohibido.'"

El pasado miércoles, Elena Kagan, nueva asistente del fiscal general, decía en la práctica: Calma, la Comisión Electoral nunca ha tomado medidas contra un libro en el marco de la McCain-Feingold. Sí, pero la Comisión Electoral sentenció la imputación de George Soros bajo otra sección de la ley de campaña federal porque no presentó los registros de los fondos gastados en la promoción que hizo de su libro publicado en el año 2004 en el que atacaba a George W. Bush – fondos que podrían haber sido "gastos independientes" destinados a "argumentación política esporádica" o podrían no serlo.

El miércoles, el presidente de la Corte John Roberts decía: "No ponemos nuestros derechos concedidos en la Primera Enmienda en manos de los burócratas de la Comisión Electoral Federal". En realidad, antes de que Alito y él ingresaran en el tribunal, el tribunal permitió que el Congreso pusiera nuestros derechos en tan entrometidas manos. Hans A. von Spakovsky, un ex inspector de la Comisión, dice que hay 568 páginas de regulaciones de la Comisión y que se han llenado 1.278 páginas del Registro Federal con explicaciones y justificaciones de esos reglamentos. Para James Madison, 12 palabras fueron suficientes: "El Congreso no promulgará ninguna ley… que coarte la libertad de expresión".

La bruma de legalismos indistinguibles en permanente engrosamiento que tiene la Comisión Electoral imposibilita trazar cualquier límite claro que indique a los estadounidenses lo que se considera discurso político y lo que no es legal. Sin embargo, los partidarios de la administración del discurso político por parte del gobierno afirman que el tribunal no debería contradecirse al respecto de la McCain-Feingold porque el estare decisis – el respeto incondicional a los precedentes – se considera virtud.

¿Ah, sí? El momento moderno más brillante de la Corte, el caso Brown contra la Junta de Educación en 1954, invalidó en la práctica el precedente del caso Plessy vs. Ferguson (1896). Sí, el tribunal ratificó la constitucionalidad de la ley McCain-Feingold hace sólo seis años, pero los graves y dañinos errores de bulto deben corregirse antes de provocar avalanchas de precedentes inválidos.

Los defensores de la McCain-Feingold argumentan que tolerar el gasto político por parte de las corporaciones desatará el exceso de expresión. Steve Simpson, del Instituto para la Justicia, responde:

"Liberar el discurso político conducirá a lo que siempre conduce una expresión más abundante – a un debate. Wal-Mart va a apoyar la reforma sanitaria del Presidente Obama, como ha hecho, pero la Federación Nacional de Minoristas se opondrá a ella, como lo ha hecho…. Las corporaciones no hablan con una sola voz más de lo que lo hacen los individuos".

El reglamento que controla la expresión política se multiplica inevitablemente y con el tiempo se vuelve más indescifrable e impredecible. La corte debe remontar el país hasta Madison partiendo de la McCain-Feingold.

© 2009, Washington Post Writers Group