Guatemala: Servir o… servirse

Siglo XXI

En mis primeros escarceos con diputados y representantes de grupos de presión a propósito del proyecto ProReforma, me ha saltado inmediatamente a la vista el contraste en las actitudes más básicas y elementales respectivas de quienes abogamos por ella y la de algunos que la adversan.

Ninguno de los promotores iniciales de ese proyecto ocupa puesto público alguno. Tampoco defiende posiciones gremiales. Es más, a la letra de los cambios que se plantean, ni siquiera podría soñar en ocupar poltrona en un posible Senado, o gozar de cualquiera de las magistraturas judiciales que se aconseja sean de por vida, menos aún fungir en los cargos de Contralor o de Fiscal General.

Ni somos pensionados del Gobierno y, por tanto, no recibimos cada mes ni un centavo de los contribuyentes al fisco.

Más elocuente aún, para el artículo 157 demandamos taxativamente que se estatuya que… “en ningún caso el Senado o la Cámara de Diputados podrían emitir una ley o decretos arbitrarios o discriminatorios, en los que explícitamente o implícitamente se concedieren prerrogativas, privilegios o beneficios que no puedan disfrutar todas las personas que tengan la oportunidad y los medios de hacerlo”.

Insinuar, por ende, que tal iniciativa de reforma parcial de la Constitución responde a intereses de un círculo cerrado de privilegiados o de quienes aspiran a retener ventajas injustas es, simplemente, tergiversar toda la evidencia oral y escrita, peor, síntoma de una profunda deshonestidad intelectual.

Queremos servir a la comunidad futura de nuestros hijos y nietos, no a la generación de la que ya ganamos réditos.

Se nos reprocha que excluimos de esas reformas a los jóvenes, a los indígenas, y a las mujeres, pues no los mencionamos. Tampoco aludimos a los ladinos, a los varones, a los jubilados, a los garífunas, a los extranjeros residentes, a los minusválidos, a los párvulos, a los homosexuales, a los militares, a los clérigos, a los que guardan prisión, o hasta a los turistas, precisamente porque no se quiere aislar a algún grupo destinatario en especial.

Lo que deseamos es la aplicación rigurosa, es decir, sin excepciones, de lo contenido en el artículo IV de la Constitución vigente: todos somos iguales en dignidad y derechos.

Quienes explícita y deliberadamente sostienen de nosotros lo contrario sólo transparentan a los ojos expertos una proyección íntima hacia privilegios, como una instancia de aquello de que “cree el ladrón que todos son de su condición”.

El proyecto ProReforma es una propuesta de veras juvenil-mente revolucionaria.

Paradójicamente, quienes la objetan se colocan a sí mismos entre los innumerables enquistados en el poder público a base de toda clase de arbitrariedades y, por tanto, entre los más retrógrados reaccionarios. Son como aquella nomenklatura soviética del Partido comunista que se rehusaba a ceder sus prebendas a la caída del Muro, o también como aquella “nueva clase” en la Yugoslavia de Tito, que había previamente desenmascarado Milovan Djilas treinta años antes.

Les es aplicable el irónico comentario de Talleyrand para todos los retornados de cualquier exilio: “No olvidaron nada y no aprendieron nada”.

El proyecto de la reforma parcial responde, pues, a un renovado espíritu de servicio, no tanto así entre quienes la rechazan – salvo los que se le oponen por invencible ignorancia o porque no la entienden -. Traslucen, sin saberlo, el habitual apego de los políticos y sus clientes cómodamente instalados en esas prerrogativas que les otorga la Constitución vigente y les permiten servirse con la cuchara grande del presupuesto nacional.

Se entiende que den oídos sordos a la invitación del Redentor que nos pide servir y no aspirar a ser servidos.

Por eso, en último análisis, este proyecto nos obliga a un examen de consciencia por cada cual: ¿Quiero servir a los demás o servirme de ellos?

¿Mantenerme en la inercia de lo caduco o abrirme a la promesa de lo nuevo?