La prostitución en las calles

Instituto Juan de Mariana

La prostitución vuelve a ser noticia después de la publicación de fotografías en las que se observa la práctica explícita de la prostitución en plena vía pública en la zona de la Boqueria en el Raval de Barcelona. En ellas se puede ver a jóvenes mujeres inmigrantes manteniendo sexo con clientes.

Como los gobiernos legislan a golpe de titular, han tenido que ponerse a pensar sobre el tema, llegando a una montaña burocrática de propuestas arbitrarias (algunas verdaderamente ridículas) para esconder y difuminar el problema. Evidentemente, la experiencia nos hace pensar que no arreglarán absolutamente nada.

Desde mi punto de vista, la solución pasa por dos cuestiones: la legalización de la prostitución y la clara definición de la titularidad de las calles.

Primeramente, la prostitución debe ser aceptada como una profesión y debe ser legalizada. Una prostituta es simplemente una persona que intercambia voluntariamente servicios sexuales a cambio de dinero. La relación entre prostituta y cliente se establece porque ambos creen subjetivamente que saldrán beneficiados con el intercambio. Si el intercambio (practicar sexo a cambio de dinero) no viola los derechos de nadie, nadie tiene derecho a inmiscuirse y prohibir por la fuerza un acuerdo voluntario y libre entre dos personas.

Es totalmente legítimo que las personas mantengan relaciones sexuales con quien consideren oportuno siempre que las dos partes estén de acuerdo. Ninguna opción moral concreta puede utilizarse para justificar la prohibición y la ilegalización de la prostitución. En este sentido, la posibilidad de prostituirse es un derecho humano independientemente de si lo consideramos indeseable desde el punto de vista moral. La prostituta tiene todo el derecho de explotar su cuerpo como quiera. Si el Estado prohíbe la prostitución está convirtiendo actividades pacíficas en criminales.

Por otro lado, la prohibición nunca ha conseguido que la prostitución cese. Lo único que ha hecho ha sido desprotegerlas porque las ha dejado sin derechos (ni obligaciones), además de obligarlas a trabajar en malas condiciones de seguridad, limpieza, higiene y tranquilidad. Sobre la necesidad de legalizar la prostitución y las consecuencias de su prohibición hablé más en detalle en otro artículo.

En cuanto a la prostitución en las calles, lo primero que conviene señalar es que es discutible que a las calles sólo se les deba dar el uso transitar por ellas y no otros posibles usos como pueden ser el de comerciar, mendigar, vivir, prostituirse, hacer grafittis o colgar carteles. Esto es así porque la sociedad no es un bloque compacto homogéneo, sino que las personas tienen distintos gustos y preferencias dependiendo de sus valores morales.

El problema surge porque estamos hablando de un bien cuya utilización o consumo es compartido por muchas personas. En el caso concreto de la prostitución, habrá gente que considere su práctica en la calle como una cosa normal y corriente, mientras que habrá otros que lo considerarán degradante y no desearán pasear con sus hijos (o sin ellos) por calles en las que se puedan ver prostitutas.

Ante esta situación, creo que el debate que surge está mal planteado. Normalmente la discusión gira en torno a la moralidad o no de la práctica de la prostitución. ¿Debe prohibirse del todo? ¿Debe permitirse pero no en la calle? ¿Sólo en lugares determinados? Pese a ser cuestiones importantes que se plantean automáticamente, en mi opinión son secundarias de cara a solucionar el problema, ya que el debate debería estar dirigido a reflexionar sobre la titularidad de las calles. Todas las preguntas anteriores se resuelven al tratarse este aspecto, ya que el titular será quién imponga las reglas y normas morales que han de cumplirse.

Pues bien, ¿de quién son los bienes públicos? ¿A quién pertenecen (realmente)? Aunque parezca que nos pertenece a todos los ciudadanos y que, por tanto, no hay propietarios reconocibles, en realidad sí que los hay: el Gobierno (o ayuntamiento). Los gobiernos son los que deciden los usos de las calles. A efectos prácticos son los verdaderos dueños y propietarios, pese a que se denomine a esos bienes "públicos" o "colectivos" para dar la sensación de que tenemos la posibilidad de influir en las decisiones.

Lo que suele suceder en estas ocasiones es que el Gobierno asume un rol totalmente pasivo hasta que se forma un conflicto o problema social. Y en ese momento decide actuar. Pero si ya hemos comentado que existen infinidad de diversas preferencias en la sociedad, ¿en base a qué criterios va a actuar?

No solamente su actuación es arbitraria, sino que está guiada y comandada por los grupos de presión. La decisión no es colectiva, no la toman los ciudadanos, sino que la toman grupúsculos de presión, pequeños en número pero muy organizados, que ejercen presión sobre los políticos. Los distintos grupos intentar presionar para imponer su moral particular. Unos estarán a favor de la legalización y otros totalmente en contra; unos desearán que se pueda ejercer en la calle y otros en lugares apartados. En cualquier caso, su poder e influencia decantarán las acciones de los gobernantes. Y el ciudadano, inconsciente de este hecho, se sitúa (aunque no quiera) del lado de alguno de ellos.

La realidad es que no es posible determinar a priori los usos que se les dará a las calles si no son de titularidad privada, es decir, si no tienen un dueño claro y reconocible. La titularidad privada podría recaer en una comunidad de vecinos, personas individuales, empresas o asociaciones de comerciantes, entre otros.

La solución pasa por establecer derechos de propiedad claros que permitan evitar y solucionar conflictos entre las personas, y dejar que los procesos de mercado, espontánea y evolutivamente, acaben estableciendo qué opciones son las preferidas por un grupo de personas. De esa manera, los propietarios de la calle podrán decidir si se puede ejercer la prostitución, si no se puede ejercer en absoluto, o si solamente se puede ejercer en unas determinadas zonas.

Esta es la única manera de averiguar realmente cuál es el fin más adecuado que los propietarios creen que debe tener un bien (en este caso, las calles). Es la única posibilidad de conciliar pacíficamente distintas subjetividades. Mientras siga sin realizarse mediante este proceso, la decisión será política, es decir, coactiva y arbitraria. Y los problemas persistirán aunque se intenten enmascarar o tapar.