Chile: Derecho a la privacidad en crisis

La Tercera

En los últimos años, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la masificación de internet han terminado por consolidar la llamada aldea global. Esta imparable revolución plantea, sin duda, nuevos desafíos para empresas, personas y Estados relacionados con la necesidad de resguardar adecuadamente derechos esenciales de las personas, sin dejar de obtener sus beneficios en cuanto a calidad de vida, mayores oportunidades, eficiencia de gestión y conectividad. 

Gracias a estas nuevas herramientas las empresas han migrado hacia una nueva y más agresiva competencia. Hoy las compañías son capaces de recopilar y procesar información suficiente y en tiempo real sobre sus consumidores, lo que ha permitido segmentar aún más la oferta de productos y servicios. En este escenario, el dato adquiere una dimensión trascendental. La información tiene un valor comercial creciente y la consolidación de la era digital no ha hecho otra cosa que confirmar esa tendencia.

La revelación de que el Servicio Electoral vende el padrón de registros a empresas e instituciones ha encendido la discusión en torno a la falta de resguardo de los datos personales. Pero, también, ha evidenciado la escasa conciencia que existe respecto del valor de la información más íntima. Cada cierto tiempo nos asombramos con casos que revelan la fragilidad del sistema, pero pronto pasan al olvido sin que en el intertanto se promuevan medidas que impidan su repetición.

El Servicio Electoral, así como el Conservador de Bienes Raíces y el Diario Oficial son algunas de las entidades estatales consideradas como "fuentes públicas", es decir, el acceso a la información de los chilenos que estos organismos almacenan está permitido. 

Es urgente actualizar el debate respecto de lo que es público y lo que es privado. La dinámica y la evolución de las tecnologías de información ha alcanzado tal velocidad y dimensión, que la capacidad que hoy tienen instituciones, empresas y organizaciones, privadas y estatales, de almacenar, procesar y cruzar información a partir del RUT es inimaginable.

Si a lo anterior se suman iniciativas como la creación de un Registro Central de Obligaciones Económicas (Recoe), que consolide toda la información de deuda de las personas (al día y morosa), tal como está concebido en el proyecto de Hacienda que actualmente se tramita en el Congreso, no es difícil imaginar el grado de exposición en que se encontrarán las personas, especialmente, las de menores recursos. Este proyecto, además de ser un subsidio encubierto a la banca, claramente significa un retroceso en los derechos a la privacidad de las personas.

Estamos ante un desafío que, por su dimensión y trascendencia, no puede ser minimizado ni mucho menos asimilado como parte de las atribuciones de un ente como el Consejo para la Transparencia, que nació para hacerse cargo de otra tarea igualmente importante. La digitalización y, como contrapartida, las necesidades de resguardo irán aumentando exponencialmente con el tiempo, por lo que la entidad a la que se le asigne dicha responsabilidad debe incorporar la adaptabilidad y el dinamismo propios de la evolución tecnológica.  

Esta vez la coyuntura ha llevado a que en distintas esferas se genere la convicción de que es necesario que Chile dé el paso y se decida a crear una institucionalidad moderna, autónoma, independiente y especializada que se encargue de resguardar y regular el uso de la información personal. Ha llegado la hora de avanzar hacia una agencia de protección de datos, como existe en los países de la Ocde.