En Argentina no rigen ni la Constitución ni las leyes

En Argentina no se respeta la Constitución ni tampoco las leyes. Estamos bajo una dictadura que maneja al Poder Legislativo y casi completamente el Poder Judicial. Es el Ejecutivo quien dicta las "leyes", con un estilo fascista y utilizando su monopolio de la violencia.

En un artículo titulado "¿Esta, aquella o ‘ninguna’ ley de medios?", publicado en La Nación, Mariano Grondona nos recuerda que el Congreso no está autorizado a sancionar ninguna ley de medios. La Carta Magna prohíbe toda ley, buena o mala, que el Congreso pretenda dictar a los medios de comunicación. Por lo tanto, al debatir la ley de medios propuesta por el Gobierno Federal, los legisladores están violando abiertamente la Constitución. Y es trágico que la oposición no haya impedido ese debate debido a que también quiere una ley de medios, aunque diferente.

El gobierno apunta a destrozar al grupo Clarín, archienemigo del kirchnerismo, y a quedarse con Telecom, uno de los miembros del privilegiado oligopolio; el otro miembro es Telefónica.

La nueva ley aumenta aún más la discrecionalidad política en la difusión de la información. Por ejemplo, en cuanto al espectro radiofónico, adjudica un tercio para las ONG y establece que el Estado le pondrá la mano a lo que considere necesario y se arroga el derecho de otorgar licencias a discreción. A los privados solo les queda lo que el gobierno quiera dejarles.

Se crearía la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un verdadero soviet de censura. Y, por si fallara este organismo, se agrega más burocracia: el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, integrado por 35 consejeros del Poder Ejecutivo.

A las empresas telefónicas se les aplicará la ley de bienes culturales que exige que 70% de sus acciones pertenezcan a argentinos. Los empresarios amigos del gobierno esperan aprovecharse de lo que el gobierno imponga a Telefónica y a Telecom. También está en jaque el grupo español Prisa, propietaria de más de 18 estaciones de radio, cuando la nueva ley establece un máximo de 10.

Para los fascistas la "democracia" es incompatible con el mercado y el gobierno tiene que imponerse, haciendo uso de su "justo" monopolio sobre la violencia para garantizar que las masas impongan su propia voluntad.

No tiene sentido buscar mecanismos que impidan la dictadura si por democracia se entiende que la mayoría puede imponer lo que quiera al resto de la sociedad. Una vez que se establece un criterio sobre lo que es "violencia justa", para saltar al autoritarismo basta con darle el poder a un político demagogo. Si no me cree, pregúntele a algún amigo venezolano.

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