Argentina: Ley de medios y «Estado mayor»

Clarín

En un clima enrarecido por las sospechas de canje de votos por favores personales o para las arcas fundidas de las provincias representadas por senadores que súbitamente apoyaron la ley que habían cuestionado, se aprobó con una holgada mayoría la ley de radiodifusión presentada por el Gobierno.

La nueva ley nació de un trámite atropellado en Diputados que desconoció los reglamentos y a ritmo febril llegó al Senado, tras la derrota electoral del oficialismo el 28 de junio y cuando faltaban apenas dos meses para que ingresen los nuevos legisladores. La premura por tratar esta ley confirma, una vez más, que para el oficialismo lo que importa son los objetivos y las formas son lo de menos: se amañan al gusto del que manda. No importa cómo, lo importante es conseguir una mayoría sumisa. Tampoco vacila el gobierno en echar mano a brutales modales para obtener lo que quiere.

El tratamiento de la ley de medios arroja nuevas luces sobre el modo de gobernar del matrimonio presidencial que continúa erosionando la ya escasa credibilidad de las instituciones. Esta es una ley arcaica que se nutre del ideario del primer peronismo, a pesar de que el mundo ha cambiado y mucho, desde entonces. Para esta concepción del poder, el Estado debe controlar la información e impedir que los medios "deformen" la realidad, hagan perder elecciones, "secuestren" goles y lleguen a ejercer un poder "destituyente", porque no sería otra la función de los "generales mediáticos" que la de "aniquilar" gobiernos democráticos. La venganza contra un multimedio que hace poco el Gobierno ayudó a consolidar se presenta como un acto de justicia. La defensa del pluralismo enmascara que serán los censores del Gobierno quienes decidan contenidos y licencias y que la ley despeja el camino para habilitar negocios a los amigos.

Cosa triste, el Estado y el gobierno siguen confundidos. El Estado está colonizado por los intereses del gobierno de turno y es fuente de infinita corrupción. Nadie defiende los monopolios sino quien los tiene, pero lo que está en juego en esta ley es disciplinar los medios a la voluntad política del Gobierno antes que multiplicar las voces.

Para Cristina Kirchner, la democracia es el gobierno de la mayoría y la oposición debe esperar el próximo turno electoral; el oficialismo representa al pueblo, mientras que los opositores representan el antipueblo, sean los "monopolios mediáticos" o la "oligarquía vacuna". El derecho de las minorías es arrasado.
La presidenta y su esposo, como el general Perón, se apoyan en una ideología que José Luis Romero denominó de "Estado mayor" para persuadirse de que su empresa de conquista de poder personal es, en verdad, un esfuerzo heroico por dar a los argentinos una sociedad mejor.
Nada es lo que parece en esta Argentina. Los gobernadores fiscalmente dependientes instruyen a sus legisladores para votar conforme a los designios de la presidencia de la Nación, sin disimulo. El federalismo es también una ficción. Mientras tanto, la pobreza, la recesión, la inseguridad, el derrumbe de la educación y la salud continúan. Creer que el control de la información en el mundo actual consolida el poder es mirar al país como el coto de caza privado que todavía es la provincia de Santa Cruz.

Sin embargo, este liderazgo de comarca se alimenta en el terreno fértil que es la recurrente tentación de los argentinos de vivir en el ensueño en vez de aceptar la triste realidad. ¿Podrán los Kirchner seguir construyendo el país de ficción con las estadísticas falsificadas del Indec, las cuantiosas cifras de la propaganda oficial y la aspiración a controlar los medios de comunicación? ¿Ayudará la eventual mejora de la economía a que el retrato de la ilusión persista? ¿Cuándo estallará esta burbuja?

La situación de la Argentina es grave, pero como dijo refiriéndose a Italia el guionista de Federico Fellini, Ennio Flaiano, "es grave, pero no seria."

El argumento de que es mejor cualquier ley que una de la dictadura, con el que fundamentó su sorprendente voto el socialismo, nos muestra que estamos demasiado acostumbrados a aceptar lo que tenemos como lo mejor posible, detenidos en el pasado sin poder imaginar el futuro.
¿Cuándo podremos hacer buenas leyes surgidas de sólidos consensos destinadas a ser marcos regulatorios estables de los comportamientos? Cuando eso ocurra, habremos de vivir en un país serio. El Congreso no será un remate de voluntades. La oposición podrá llegar a convertirse en alternativa y el futuro dejará de ser pura amenaza.