Declararon inconstitucional la ley de amnistía en Uruguay

Clarín

A seis días de un plebiscito convocado para anular una ley que impide juzgar a militares acusados de delitos aberrantes, la Corte Suprema de Justicia de Uruguay dispuso que esa norma es inconstitucional al fallar en un caso elevado a su consideración por el asesinato de una joven militante comunista, en junio de 1974, según informó a Clarín la fiscal penal de la causa analizada por ese tribunal.

La decisión del máximo organismo judicial, que tuvo carácter unánime, fue interpretada por muchos analistas locales como un fuerte espaldarazo de los cinco jueces del cuerpo a la anulación definitiva de la norma, una cuestión que genera una amplia polémica en este país.

El delicado tema es uno de los asuntos en discusión para las elecciones presidenciales del próximo domingo, en las que el postulante del oficialista Frente Amplio, José Mujica, reúne el 44-45% de la intención de voto contra el 30-31% para su principal oponente, el ex presidente Luis Lacalle, del partido Nacional. De mantenerse esa tendencia, habría un balotaje el 29 de noviembre.

La llamada "Ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado" es una virtual amnistía que, en los hechos, blindó a militares de la última dictadura (1973-1985) acusados de violaciones a los derechos humanos.

Su continuidad o anulación se filtró en la campaña a partir de un plebiscito pedido desde 2007 por grupos sociales y de derechos humanos, que lograron reunir las firmas exigidas, el equivalente al 10% del padrón electoral de 2,5 millones de habilitados.

La norma obliga a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo qué casos de violaciones de los derechos humanos pueden ser juzgados y cuáles no. Fue votada por el Parlamento en diciembre de 1986, y ratificada por los ciudadanos en un plebiscito en 1989.

Pese a su vigencia, durante el actual gobierno fueron condenados ocho ex militares y policías a penas de 20 a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos, y procesados los ex dictadores Juan Bordaberry (1973-1976) y Gregorio Alvarez (1981-1985).

El fallo sobre inconstitucionalidad emitido ayer responde a un pedido de intervención de la fiscal penal Mirtha Guianze y la familia de la joven Nibia Sabalsagaray, detenida por el Batallón de Comunicaciones el 29 de junio de 1974 y cuyo cadáver apareció 12 horas después en un calabozo de esa unidad.

Según dijo a Clarín, la fiscal recurrió a la Corte porque la vigencia de la ley le impedía investigar la responsabilidad en el hecho de algunos militares contra los que se había reunido evidencia.

"El fallo de la Corte no anula la ley, que sigue rigiendo. Lo que hace es pronunciarse sobre este caso en particular. Pero tendrá incidencia posterior porque en nuevos casos la Corte ya tendría un antecedente y su respuesta sería más rápida y no insumiría el año que duró mi trámite", comentó Guianze a este enviado.

Ahora, el paso siguiente estará en manos de los votantes el próximo domingo. Según las encuestas, las posiciones sobre anular la ley o no tienen una cierta paridad. En el caso de que triunfe el "sí" a la anulación, se abriría una etapa de grandes discusiones jurídicas y políticas porque la legislación uruguaya no contempla la figura de la anulación, sino la derogación, que es obra del Parlamento, explicó a Clarín el abogado Pablo Mieres, que se presenta como candidato presidencial por el minoritario Partido Independiente.

Habría entonces que autorizar una reforma constitucional para incorporar la nueva figura. "Pero este asunto es aquí muy polémico. Yo estoy en contra de la ley pero no quiero su anulación porque la nulidad es un engendro jurídico y habría que buscar otra forma", comentó Mieres.

En una posición inversa, el abogado Oscar López Goldaracena, uno de los que impulsó el plebiscito, sostuvo ante una consulta que la ley de caducidad "es una aberración jurídica y por eso pedimos anularla por completo, con lo que lograríamos que sus efectos llegaran al pasado".

La Ley de Caducidad se votó en 1985, en el marco de una inestabilidad institucional provocada por presiones de militares cuando asomaba la nueva democracia uruguaya. "Fue uno de los mecanismos que de algún modo ayudaron a la transición", dijo a Clarín el politólogo Adolfo Garcé, de la Universidad de la República. Pero las posiciones no son unánimes en esto y también hubo desde siempre muchos opositores a la norma.

De acuerdo con datos de la llamada Comisión para la Paz, creada en 2000, la dictadura uruguaya provocó la desaparición de 231 personas, en su mayor parte en la Argentina, como parte de la red represora regional establecida por el Plan Cóndor.