¿Reforma sanitaria ilegal?

Diario de América

En 2006, mucho antes de que hubiera una administración Obama decidida a imponer un sistema sanitario federal centralizado, un joven cirujano ortopedista entró en el Goldwater Institute con una idea. El instituto, el defensor del gobierno limitado más potente de América, apoyó la idea de Eric Novack de proteger a los habitantes de Arizona de la injerencia de instancias administrativas superiores en asuntos de salud. En 2008 los ciudadanos de Arizona votaron a favor de incluir la enmienda propuesta por Novack en la Constitución del estado:  

“No se promulgará ninguna ley que limite la libertad de elección entre sistemas de salud privados o planes privados de ningún género. Ninguna ley podrá interferir en el derecho de una persona o entidad a pagar directamente la atención médica legal, ni se promulgará ninguna ley que imponga una multa o sanción, de cualquier tipo, por obtener o rechazar la cobertura médica o por afiliarse a algún sistema o plan de salud concreto.

Los defensores fueron superados 5 a 1 por los detractores que argumentaron, ladinamente, que ello destruiría el programa Medicaid de Arizona, con el que muchas aseguradoras mantienen contratos lucrativos. Sin embargo, la propuesta perdió por sólo 8.687 votos de un total de 2,1 millones de votantes, y los ciudadanos de Arizona votarán esencialmente la misma formulación el próximo noviembre. 

¿Pero no prima la ley federal sobre las leyes de los estados? No necesariamente. Clint Bolick, un abogado del Goldwater Institute, dice: “Es un principio fundamental del derecho constitucional que la Constitución federal establece un límite a la protección de las libertades individuales; las constituciones de los estados pueden establecer medidas adicionales de protección.” 

En 1997, el Supremo estadounidense dictaminó que bajo el sistema de “soberanía dual” establecido en la Constitución, los estados “conservan la soberanía” que les dota de poder para “seguir siendo independientes y autónomos dentro de su propia esfera de autoridad”. El tribunal ha sido crítico con “el coste federalista” de las políticas federales intrusivas, y recientemente ha reivindicado en dos ocasiones la soberanía del estado de manera pertinente al plan de Novack. 

En el año 2006, el tribunal revocó una interpretación de la ley federal que habría anulado el estatuto de eutanasia de Oregón. El tribunal dijo que los estados tienen un margen considerable de regulación de las normas médicas, que históricamente han sido principalmente responsabilidad del estado. 

En el año 2000, los electores de Arizona aprobaron una medida de inmersión lingüística destinada a los estudiantes para los que el inglés no es la lengua materna. Los tribunales federales habían concedido un interdicto contra la implantación de tales políticas porque violan los requisitos federales de educación bilingüe. Este año, sin embargo, el Supremo resolvió la consideración de las medidas cautelares porque afectan "a terrenos de responsabilidad estatal clara”. 

El tribunal dictamina que el derecho a la privacidad ampara la "autonomía" personal referente a "las opciones más íntimas y personales". El derecho fue enunciado en gran medida a instancias de los izquierdistas deseosos de establecer legalmente el derecho al aborto. Los izquierdistas pueden pensar, pero la justicia nunca ha ratificado, que el derecho a la privacidad ampara sólo a las relaciones entre médicos y pacientes concernientes al aborto. David Rivkin y Lee Casey, funcionarios del Departamento de Justicia de Reagan y la primera administración Bush, plantean: Si el gobierno no puede prohibir y ni tan siquiera "lastrar indebidamente" — la formulación de la resolución judicial — el acceso al aborto, ¿cómo puede limitar el gobierno las demás opciones sanitarias?

Los proyectos de ley sanitaria de los Demócratas dependen de obligar a los particulares a contratar un seguro o enfrentarse a graves multas o la cárcel. En 1994, la Oficina Presupuestaria del Congreso anunciaba que obligar a los particulares a contratar un seguro sería "una forma de acción Federal sin precedentes", añadiendo: "El gobierno nunca ha obligado a la gente a adquirir ningún bien ni servicio como condición para residir de manera legal en Estados Unidos". 

Este año, el Servicio de Investigación del Congreso afirmaba diplomáticamente que "es un asunto novel si el Congreso puede o no valerse de la cláusula (de transacciones entre estados) para obligar a un particular a adquirir un bien o servicio". El Congreso tiene las competencias constitucionales de "regular la actividad comercial… entre los diversos estados". Pero un estudio de la Sociedad Federalista realizado por Peter Urbanowicz y Dennis Smith dictamina que es perverso valerse de la cláusula de actividades comerciales para ejercer coacción "sobre un individuo que elija no emprender una transacción comercial." Como dice el Senador Orrin Hatch, Republicano de Utah, "hay una diferencia fundamental entre regular las actividades de las que los individuos eligen tomar parte libremente" — por ejemplo, obligar a los conductores a tener un seguro en regla — "y exigir por ley tales actividades" por la simple existencia del individuo.

El secretario de la mayoría en la Cámara Steny Hoyer, Demócrata de Maryland, afirma que el Congreso puede gravar — léase penalizar — a la gente que no contrate un seguro, porque la Constitución dota al Congreso de las competencias para recaudar impuestos "por el bienestar general". Así que, ¿podrá el Congreso cobrar impuestos a la gente que no haga ejercicio con regularidad ni se coma su ración de espinacas? 

Al ser preguntada si la contratación obligatoria de un seguro es constitucional, la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi quedaba genuinamente aturdida: “¿Lo pregunta en serio? ¿Lo pregunta en serio?” En 1803, en el caso Marbury contra Madison, el presidente del Supremo John Marshall resolvía, "Las competencias de la legislatura son definidas y están limitadas; y esos límites no pueden ser malinterpretados, ni olvidados, la Constitución está para algo". Lo decía en serio.

© 2009, Washington Post Writers Group