Cosa juzgada

El Nuevo Herald

El lunes 9 de noviembre el diario La Nación de Argentina tituló en primera plana: "Avanza la causa por la fortuna de los Kirchner''.

Se refería a un "expediente judicial'' a cargo del juez federal Norberto Oyarbide sobre el enriquecimiento de la dupla presidencial "Néstor y Cristina Kirchner'' cuyo patrimonio ha crecido en un breve tiempo a "ritmo de hiperinflación''.

Tuve la chance de preguntar a dos de los más destacados columnistas argentinos –Joaquín Morales Solá, de La Nación, y Eduardo van der Kooy, de Clarín— de si se trataba de una investigación en serio o meramente se hacía pour la galerie y con el propósito final de "blanquear'' a los Kirchner.

Ambos periodistas fueron muy escépticos. Morales Solá dijo que sólo la Corte de Justicia le merece respeto y que el resto del poder judicial da para dudar. "No creo que pase nada'', estimó. Van der Kooy se manifestó en similar sentido y advirtió sobre la conducta de los jueces, que se adecuan "según los cauces políticos''.

Puede entonces que si los Kirchner "caen'', el «expediente'' resucite con fuerzas renovadas, pero mientras tanto seguramente no pasará nada. O peor aún, puede ocurrir que sean absueltos y la "milagrosa'' multiplicación de los bienes de los Kirchner –mucho más incluso que la de "los panes y peces'' aquellos– pase a ser "cosa juzgada'' y no pueda volver a investigarse. Una impecable forma de blanqueo: la impunidad sacralizada judicialmente.

En Venezuela, en tanto, los jueces no pierden el tiempo ni pour la galerie en investigar al comandante Chávez ni a sus seguidores "bolivarianos''. Parece que no les está permitido. Cuando se ocupan de algún hombre de gobierno es porque "vino la orden de arriba'' y se trata de una "purga''.

Jueces y fiscales venezolanos a lo que se dedican es a buscarles delitos a los opositores de Chávez y particularmente a los periodistas y medios de comunicación independientes. Si no los encuentran, se los inventan. Tal es el caso de Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, blanco de varias «imputaciones'' judiciales sacadas de la galera judicial, para castigarle por su porfiada conducta de informar a los venezolanos de lo que verdaderamente está pasando. Zuloaga no puede salir del país y semana a semana tiene que presentarse ante los honorables magistrados.

Lo mismo le ocurre a Rafael Poleo, director de El Nuevo País y Zeta, a quien tras una imputacion judicial ahora se le intervinieron administrativamente sus publicaciones. Poleo pasó al exilio, no está dispuesto a esperar nuevas "actuaciones legales'' promovidas desde arriba. Es que en el régimen venezolano, si no alcanza con la «diligente'' tarea de jueces y fiscales, se recurre a los inspectores de hacienda y, en casos, se alternan.

Y esto no sólo pasa en Venezuela, también ocurre en otros países de la "línea'' como Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Argentina, y lamentablemente, comienza a aparecer en algunos otros. En Buenos Aires llegaron a enviar un ejército de 200 inspectores impositivos a Clarín. Se les fue la mano y tuvieron que "echar pa'trás'' para disimular un poco.

Qué triste: los jueces, por miedo, por venales, por allegados ideológicos o por lo que sea, adecuándose y navegando por los cauces políticos de la hora. Jueces y fiscales, la última reserva para la defensa de las libertades, dando certificados de impunidad a los que mandan, a los corruptos, a los grandes culpables, y persiguiendo e inventando delitos a los que disienten, a los que los denuncian, a los inocentes.

Qué triste y qué peligroso. Cada vez son más los ciudadanos del continente que están en libertad condicional.