España: Separación de poderes y reforma constitucional

Instituto Juan de Mariana

Sin duda el principal problema de España es su ley electoral que ha impedido la formación de gobiernos fuertes que defendiesen el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, sus derechos civiles y su libertad para interactuar en una sociedad mínimamente intervenida.

Legislatura tras legislatura, las minorías nacionalistas han ido logrando competencias del Estado central, que les han permitido levantar barreras comerciales, financiar colectivos afines, imponer leyes de inmersión lingüística y, discriminar y marginar al ciudadano no-nacionalista.

Finalmente, la barra libre de la legislación liberticida ha desembocado en los nuevos Estatutos de Autonomía que están enterrando, bajo un amplio manto de cal viva, la libertad de los ciudadanos a favor de la depredación de las clases dirigentes locales y sus redes clientelares.

Ya analizamos la urgente necesidad de garantizar la independencia del poder judicial y el Estado de Derecho y, si Uds. lo permiten, ahora analizaremos brevemente cómo podría reformarse el actual régimen político para que se garantizasen también tanto la separación entre los poderes ejecutivo y legislativo como la formación de gobiernos fuertes que defiendan los intereses de todos los ciudadanos y en todas las regiones de España.

Una buena propuesta de reforma de la ley electoral en España debe cumplir tres objetivos mínimos. Posibilitar la formación de gobiernos estables y fuertes en España evitando su sometimiento al chantaje permanente de las minorías nacionalistas. Garantizar la separación entre los poderes legislativo y ejecutivo. Y hacer cumplir la igualdad ante la ley, explicitada en el artículo 14 CE, por medio de la máxima: "un hombre, un voto"; lo que equivale a descartar cualquier fórmula electoral "proporcional" ya que, actualmente, en España existe una "proporción" de 6 a 1 a favor de los votos concentrados en el País Vasco respecto de los votos distribuidos en el ámbito nacional.

Para cumplir con los anteriores requisitos, el sistema electoral que mejor funcionaría sería la doble vuelta con el siguiente diseño. En una primera vuelta, se elegirían los parlamentarios del poder legislativo, por circunscripción nacional para el Congreso y, por circunscripción provincial para el Senado. En la segunda vuelta se elegiría como presidente el político más votado y, por tanto, más legitimado para actuar como máximo representante del poder ejecutivo. Los miembros del Gobierno los debería elegir el presidente entre las personas de la sociedad civil que considere más cualificadas, pero no pudiendo elegir a parlamentarios del poder legislativo para mantener una estricta separación de poderes.

Actualmente el exceso de poder de las minorías nacionalistas alcanza mucho más allá del número de votos que reciben, pero la situación puede evitarse restringiendo su ámbito de actuación al Parlamento. Para ello, el acceso a la segunda vuelta electoral debería quedar restringido a los partidos que reciban la confianza de un 5% de los electores, sin que se acepten las coaliciones políticas que medrasen con el resultado de la primera vuelta.

La inactiva sociedad civil española comienza a dar síntomas de reactivación y las ideas reformistas comienzan a calar entre la población, hastiada de que la Constitución sea papel mojado en manos del nada independiente Tribunal Constitucional y, harta de que el artículo 14 CE sea un mero ornamento decorativo, cuando afirman nuestros hipócritas próceres: "todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna…".

La crisis económica y financiera acelerará la ansiedad de los ciudadanos por impulsar reformas que llevarán la convivencia, bien hacia la inestabilidad del Estado confederal y/o el enfrentamiento separatista por la puerta falsa de los nuevos Estatutos de Autonomía, bien hacia la convivencia pacífica con una reforma constitucional que afronte a tiempo sus desafíos.

Desde luego, mientras no se aborden las reformas de la ley electoral y de la Constitución, seguirá avanzando el Estado confederal de las Autonomías. El tiempo se acaba y va llegando el momento de que cada político y cada ciudadano afronte sus silencios, sus inacciones y, en definitiva, sus responsabilidades en la actual situación de crisis institucional de España.

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