Libertad + derechos = prosperidad generalizada

Siglo XXI

Me parece que una de las circunstancias que suele enturbiar el debate político en una medida importante es lo que aquí llamaré “el excepcionalismo”. Se trata de ese peculiar fenómeno por el que se intenta justificar políticas o medidas de alcance general, a partir de situaciones excepcionales.

He aquí un ejemplo de excepcionalismo: Como no es realista pretender que las personas que viven en la indigencia salgan por sí solas adelante₊ por lo tanto, por medio de los órganos y entes estatales, deben subvencionarse la cultura, el deporte, la orientación sexual, la educación universitaria, la promoción del turismo, las investigaciones en ciencia y tecnología y las iniciativas particulares de repoblación forestal₊

Y, todo eso, ¿qué diantres tiene que ver con los que viven en la indigencia? ¿En qué puede beneficiarle a la población de una aldea, como las que padecieron hambre durante la reciente sequía en las regiones del “corredor seco”, que el Estado subvencione a la Federación de Remo o a una compañía de ballet moderno?

Yo pienso que lo lógico sería, a partir de la situación excepcional de la indigencia, que el Estado conciba y organice mecanismos eficaces y transparentes para que las personas que se encuentren en ella puedan, al cabo de un plazo razonable, valerse por sí mismas. Y opino que el empleo para tal propósito de recursos financieros provenientes de los impuestos, ni impide la operación adecuada de una economía de mercado, ni conlleva la privación de sus derechos a los contribuyentes. 

El excepcionalismo también opera para descalificar, a partir de circunstancias excepcionales, procesos que por lo general funcionan bien. He aquí otro ejemplo: Como en ciertas situaciones no basta el interés de las personas por cuidar su patrimonio y maximizar sus beneficios, cuando realizan alguna negociación en el mercado₊ por lo tanto, el Estado, por medio de sus oficinas o agencias, debe proteger y cuidar los intereses de los consumidores de bienes y servicios comerciales, de los ahorristas bancarios, de los inversores en bolsa, de los que procuran servicios de salud, de los que beben, de los que fuman, de los que comen₊ para evitar que se dañen a sí mismos o acepten tratos que no les convienen.

Dado que vivimos en un mundo imperfecto, es indiscutible que hay situaciones excepcionales en las que no bastan los incentivos que todos tenemos para proteger nuestros intereses y maximizar nuestros beneficios, siendo así oportuno que, en esas circunstancias, se desarrollen instituciones y normativas igualmente excepcionales.  Para la generalidad de los casos, empero, basta con que las leyes definan con claridad los derechos de las personas; que las autoridades competentes los hagan valer con constancia y firmeza, y que los titulares de esos derechos puedan disponer de ellos libremente.  Solamente así es posible lograr que, aunque no todas, sí puedan llegar a valerse por sí mismas y prosperar la generalidad de las personas. 

Por último, casi todos necesitamos contar con una certeza razonable sobre cuáles son nuestros derechos y los de los demás, para poder coordinarnos con ellos en el seno de la sociedad;  y solamente podremos hacerlo si gozamos de su libre disposición.