Honduras: Resolvemos la sucesión, ¿y todo lo demás?

América Economía

La remoción del presidente Manuel “Mel” Zelaya, el 28 de junio pasado, y su envío al exilio, fue un síntoma de una crisis institucional que vive Honduras desde su regreso a la democracia en 1982.

Las elecciones de este domingo probablemente servirán para escoger a un nuevo gobierno, que quizás sea aceptado por algunos países del mundo, y en especial por los donantes internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea y las instituciones multilaterales. Pero estos comicios no resolverán la crisis fundamental de esta nación, la tercera más pobre en el hemisferio occidental, después de Haití y Nicaragua.

El probable ganador de los comicios del domingo es Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, del Partido Nacional, un hombre con mucha capacidad conciliadora. Es más, esa capacidad de escuchar y después de tomar decisiones con calma y amabilidad, constituyen factores que lo han convertido en el líder de las encuestas. En tanto, su adversario principal, Elvin Santos, del Partido Liberal, revela más pasión y mayor disposición para tomar posiciones encontradas, algo que no atrae a una población cansada de tanta riña política. Santos, además, apoya fuertemente al impopular gobierno de facto de Roberto Micheletti, y se pronuncia en contra del depuesto primer mandatario Mel Zelaya, a quien lo ven positivamente un grupo importante de sus correligionarios. Santos, Micheletti, y Zelaya son líderes del Partido Liberal.

La crisis fundamental de Honduras es institucional. La Constitución Política ha sido manoseada en los últimos años por diversos políticos que han buscado un interés personal o de otra índole. Los magistrados de la Corte Suprema escogen más por criterio político que por su capacidad en lo que es la comprensión de la ley y de la misma Constitución. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral son escogidos por los partidos políticos. El Congreso, los ministerios y las instituciones con distintas responsabilidades operan con fines mixtos, no necesariamente siendo éstos los de la ciudadanía.

Si fueran solamente las instituciones públicas las que no disfrutan de la confianza del pueblo, todo sería menos malo, pero los hondureños tampoco tienen fe en los empresarios, en los comunicadores, los gremios, los sindicatos, la sociedad civil, los bancos, ni siquiera en las instituciones que han sido diseñadas para protegerlos, como es el caso de la Defensoría de los Consumidores.

Las Fuerzas Armadas, que ocupan un puesto especialmente importante en uno de los artículos pétreos de la Constitución Política, ya han perdido también la credibilidad. El artículo pétreo pone a los militares como los máximos defensores de esa misma Constitución Política, tan manoseada por otros intereses. Seguramente el chafa (palabra usada en la calle para referirse a los militares) insistió en incluir ese artículo en la carta magna cuando aceptaron dejar el poder político en manos civiles, a principios de los 80. Lo hicieron pétreo para que a ningún político del futuro se le ocurriera abolir a las Fuerzas Armadas, como sí lo han hecho los dos países más prósperos y pujantes de la región centroamericana: Costa Rica y Panamá.

Otro de los artículos pétreos de la Constitución Política hondureña establece que ningún ciudadano puede ser expulsado u obligado a salir de su país. Sin embargo, los máximos garantes de la carta magna, los líderes de las Fuerza Armadas, violaron esa prohibición cuando sacaron del país por la fuerza a Mel Zelaya. Ellos dicen que estaban siguiendo órdenes de la Corte Suprema y del Congreso, pero como garantes de la Constitución Política tenían que saber que no procedía la deportación de Zelaya, ni de ningún ciudadano.

Dentro de este contexto de debilidad institucional se debe resaltar que el ministerio de Educación recibe 16% del presupuesto nacional, pero los niños nunca reciben todas las clases programadas. La tasa de analfabetismo adulto es elevada, y la deserción escolar es vergonzosa. La educación promedio de un hondureño adulto es de cuarto grado -la mitad de los de 18 años y más han logrado completar ese número de años de escolaridad.

En el caso de la salud, existen hospitales públicos en tres centros urbanos, los que asisten al 28% de la población. El resto se “la juega” o tiene que viajar para ver si los atienden.

Si bien en años recientes se ha aumentado sustancialmente el presupuesto del ministerio de Seguridad, el crimen y la delincuencia constituyen el mayor problema de los ciudadanos. Prueba de ello es que en Tegucigalpa y San Pedro Sula, 40% de los hogares reportan que algunos de sus integrantes ha sido asaltado o robado en los últimos cuatro meses.

Mala educación, mala atención médica, falta de seguridad, servicios públicos deficientes, y ni hablar de falta de empleo… Frente a eso, ¿a cuál institución desea dirigirse el ciudadano para obtener soluciones? Las últimas encuestas revelan que éstos ya confían solamente en las iglesias católica y evangélica, y la verdad es que muchos de los problemas citados no lo pueden resolver estas religiones.

La solución para muchos es emigrar a los Estados Unidos en búsqueda de una vida nueva y segura. A pesar de los peligros del viaje por tierra, a través del territorio mexicano, miles huyen de Honduras todos los años.

Por eso no es de extrañar que antes de las elecciones nacionales, cuando han sido entrevistados los hondureños sobre si creen que el resultado de las mismas les ayudará a resolver sus problemas existenciales, desde 1989 a la fecha, cada vez ha ido decreciendo el porcentaje de quienes creen que sí habrá una solución a través de las elecciones. En esa misma línea de la desazón, a principios de 2009, antes de la remoción del presidente Zelaya, se pidió a los hondureños opinar si creían que las elecciones serían honestas y transparentes, y la mayoría afirmó que no lo serían.

Se debe enfatizar que el presidente Manuel Zelaya tenía intenciones dudosas cuando propuso una “cuarta urna” para las elecciones del 29 de noviembre. Es casi seguro que sus intenciones no fueron las que ha declarado desde que fue llevado a la fuerza a San José, Costa Rica. No cabe duda que él no solamente quería manosear la Constitución Política como lo han hecho varios líderes políticos, incluyendo a Micheletti y los militares, sino que quería escribir una nueva carta magna que, entre otras provisiones, le permitiera perpetuarse en el poder y seguir el ejemplo de su amigo Hugo Chávez. En ese sentido, Zelaya tenía intenciones de “pecar más en grande” que los otros. Pero cuando los que lo removieron hablan públicamente, y en los medios internacionales, de su respeto a la Constitución Política, la Corte Suprema y el Congreso Nacional, los que saben de estas instituciones, incluyendo al público en general, escuchan con un nivel de cinismo que no se encuentra en otros países centroamericanos, con excepción de los nicaragüenses cuando oyen a Daniel Ortega hablar en ese mismo sentido, en conferencias dadas por él en Managua.

Los comicios del domingo producirán un gobierno nuevo para Honduras, pero no repararán las décadas de debilitamiento institucional. Vendrán de nuevo las ayudas internacionales que son tan necesarias para mantener a flote la economía, pero la inversión extranjera que llegará será principalmente, como siempre, de textileros y otras maquiladoras que se aprovecharán del bajo costo de la mano de obra y de un Código de Trabajo manoseable, como todo lo demás de las leyes del país.

Las elecciones darán a la comunidad internacional la oportunidad de regresar a “la normalidad” en Honduras. Y al pueblo le dará el privilegio de regresar a sus actividades mientras recogen dinero y alistan valijas para emigrar al norte.

La gran incógnita es si se molestarán a votar en número suficiente para legitimizar el proceso. Yo creo que sí lo harán, aunque la vida en este país tan bello y de tanta promesa, con tantos recursos y con tan malas instituciones y políticos, seguirá como siempre.

Carlos Denton es cofundador de CID/Gallup, empresa dedicada a asesoría corporativa e institucional, investigación de mercardo y de opinión pública en la Cuenca del Caribe. Es PHD en Ciencias Políticas y M.A. en Economía de la Universidad de Texas.