La norma que condenó a Zelaya

ABC Digital

Con la celebración de las elecciones en Honduras, mañana, se podría cerrar la crisis política que vive ese país, iniciada desde antes de la destitución de Manuel Zelaya como presidente.  

Es bueno recordar en esta fecha el origen de este aciago capítulo en la vida del país centroamericano.   

La Constitución hondureña posee siete artículos que resultan inalterables según la misma Carta Magna.   

Entre ellos, figura el artículo 239, que prohíbe la reelección presidencial y, además, establece: “El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública” (www.congreso.gob.hn).  

El destituido Manuel Zelaya intentó que en las elecciones presidenciales de mañana se votara también, en una especie de consulta popular, si se estaba a favor de una reforma que permitiera la reelección presidencial.

Esto viola la norma constitucional que prohíbe y castiga incluso que se “proponga su reforma”.

La justicia hondureña así lo dictaminó y ordenó que las urnas, que serían empleadas en esa consulta, fueran depositadas en una unidad castrense.

Zelaya destituyó al comandante militar de las FF.AA. y envió a un grupo de partidarios, quienes ingresaron a la fuerza al cuartel donde estaban las urnas.

El Poder Judicial aclaró que la destitución no se apegó a las leyes, por lo que era nula. El comandante fue restituido, pero Zelaya afirmó que continuaría con su idea de plantear la reforma.

Entonces, la Corte Suprema indicó que el Presidente no podía seguir en el cargo, y ordenó, según informó luego, que fuera destituido, lo que ocurrió el 28 de junio.

No obstante, el procedimiento utilizado para la destitución, además de la expulsión de Zelaya del país, no fue una decisión correcta, hecho admitido, posteriormente, incluso por los mismos responsables.

Sin embargo, eso no quita que existió una violación de la Constitución por parte de quien, elegido como administrador del Estado, pretendió desconocer el mismo marco legal que le permitió llegar a la Presidencia.

Mucho se ha hablado sobre lo ocurrido “luego” del 28 de junio, pero poco sobre lo que pasó antes.