Los desafíos del nuevo presidente hondureño

América Economía

Nadie esperaba un resultado sorprendente en las elecciones presidenciales hondureñas. En efecto, desde hace varias semanas, diversos medios y encuestas de opinión pública vaticinaban una victoria, por amplio margen, del candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo, un político (y terrateniente) de larga trayectoria que perdió por un reducidísimo margen las elecciones presidenciales que llevaron a Manuel Zelaya al poder en 2005. Fue diputado, dirigió el comité central de su partido y presidió el Congreso hondureño desde 2002 hasta 2006.

Su principal contendor, Elvin Santos, ganó notoriedad como vicepresidente de Zelaya. Sin embargo, Santos representa las voluntades de un alicaído Partido Liberal, desgastado y dividido por los conflictos políticos internos, asociados al derrocamiento de Zelaya, el 28 de junio de este año.

La intención de voto del demócratacristiano Felícito Álvila; del candidato del Partido Innovación y Unidad Social Democrática, Bernard Martínez, y de César Ham, de la Unificación Democrática, tampoco han sido suficientes para eclipsar la preeminencia de Lobo. En un contexto en el cual, de acuerdo a una encuesta de CID-Gallup, el 73% de los hondureños cree que la solución a la crisis política pasa por las urnas, expectativa a raíz de la cual uno podría apresurarse a concluir que el nuevo presidente estará en óptimas condiciones de acceder a un amplio margen de acción, el que le permitirá posicionarse como líder político indiscutido. No obstante, el novel presidente tendrá que enfrentar un escenario político tan incierto como complejo:

*En primer lugar, la certidumbre respecto de quién sería el nuevo presidente electo, contrasta con las dudas en torno a cuál será el mandatario que le entregará a éste la banda presidencial.

*El 2 de diciembre, el mismo Congreso que removió casi unánimemente a Zelaya, deberá resolver si lo restituye o no.

*La cuestionada figura del presidente del gobierno de facto, Roberto Micheletti, debería reaparecer en escena el mismo 2 de diciembre, luego de una retirada autoimpuesta el 25 de noviembre, para propiciar “un espacio de reflexión”, al menos de acuerdo a lo que él mismo se ha encargado de anunciar.

*La Corte Suprema de Justicia hondureña ya se pronunció de forma clara y contundente en contra de la restitución de Zelaya, aunque tal decisión no tenga carácter vinculante.

Por todo lo anterior, los días siguientes a la polémica elección de Honduras constituirán, sin duda, una verdadera prueba de fuego para el nuevo presidente, de cuyo liderazgo y capacidad de construir un gobierno de unidad nacional también dependerá el desenlace de esta crisis.

El segundo desafío para Lobo será recomponer las relaciones con una comunidad internacional dividida, pero altamente involucrada en los problemas domésticos de Honduras, desde que el quiebre democrático tuvo lugar. Aunque los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) no adoptaron una posición conjunta respecto del reconocimiento de los comicios, algunos miembros de peso pesado, como Brasil, Venezuela y Argentina, ya habían adelantado su poca disposición a aceptar los resultados si el depuesto presidente Zelaya no era restituido.

Otros países como Costa Rica, Panamá, Canadá, y Perú aceptarán los designios de los votantes hondureños, siempre y cuando se compruebe que el proceso electoral fue transparente.

Afortunadamente para el ganador de estos comicios, todo indica que el gobierno de los Estados Unidos también está dispuesto a avalar los resultados de las elecciones, independientemente de lo que ocurra con la reintegración del presidente Zelaya. En todo caso, la transparencia del proceso electoral será fundamental para que Lobo pueda aspirar a desarrollar, de forma convincente, una campaña para expiar los pecados de origen que los más conspicuos detractores le achacan al novel gobierno hondureño, mucho antes de que asuma sus funciones.

Sin embargo, si eventualmente el nuevo presidente es exitoso a la hora de hacerse cargo de la crisis política interna, recomponiendo la democracia, aglutinando a las fuerzas opositoras y limando asperezas con la comunidad internacional, le tocará reencantar a una sociedad civil alienada, que espera sin mucha esperanza que sus problemas, necesidades e inquietudes sean tomadas en cuenta de una buena vez.

La compleja realidad política hondureña podría haber desencantado aún más a un electorado que ha dado crecientes muestras de desapego con la democracia y sus representantes. El nivel de votación de los inscritos en las elecciones de 2005 apenas llegó a un magro 46%. De acuerdo al Barómetro de las Américas de Lapop, los hondureños son los ciudadanos del hemisferio americano que menos creen que la democracia es la mejor forma de gobierno. Además, exhiben un bajísimo nivel de identificación partidaria y de apoyo a algunas prerrogativas fundamentales para la vida democrática, como el derecho a la participación política.

Quizás la falta de identificación se explique en parte por la situación social de Honduras, extremadamente precaria. El reciente Informe sobre Desarrollo Humano para América Central, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), arrojó cifras tan alarmantes como desoladoras, incluso cuando se toma como punto de referencia exclusivo a esa región del mundo. El 69% de la población hondureña vive bajo la línea de pobreza, al tiempo que la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años es la mayor de América Central. Los niveles de violencia se han hecho crecientemente más alarmantes, y la seguridad se ha deteriorado notoriamente en los últimos cinco años: mientras que en 2004 se produjeron 35 homicidios por cada 100.000 habitantes, en 2008 el país consiguió el peor récord de la región: 58.

Y si bien Lobo centró su campaña electoral de 2005 en torno a la promoción de una política de “mano dura”, llegando incluso a manifestarse a favor de reintroducir la pena de muerte, y en un tono más moderado retomó el tema de la seguridad ciudadana durante estos comicios, prometiendo también más oportunidades laborales y una mejoría de la educación y la salud, su verdadera prueba de fuego estará en saldar la crisis política interna y las tensiones con la comunidad internacional, para que luego el nuevo gobierno pueda dedicar sus energías al diseño e implementación de aquellas políticas públicas de corto plazo, objetivos prioritarios para los ciudadanos y ciudadanas hondureñas.

La incógnita, entonces, es si el nuevo presidente Lobo será capaz de resolver la bullada crisis política, si estará en condiciones de cumplir, al menos parcialmente, sus promesas de campaña, y si los hondureños tendrán intenciones de seguir esperando que alguien, finalmente, se digne a escucharlos.