México, ¿cambio de régimen político?

América Economía 

México DF. - La iniciativa de reformas políticas enviadas por el presidente Felipe Calderón al congreso mexicano parte de tres razonamientos que tendrán un efecto no solo sobre la arquitectura institucional del régimen sino, a corto plazo, en la competencia interna de los partidos políticos, de cara a las elecciones generales de 2012. Veamos.

El primer elemento sobresaliente es la necesidad del actual Ejecutivo de utilizar una reforma importante y necesaria para recuperar, en parte, la iniciativa de un gobierno debilitado por la dramática derrota durante las elecciones legislativas del verano pasado. Ninguna de las propuestas presentadas por Calderón, desde la reelección de alcaldes y legisladores, hasta la introducción de la segunda vuelta en las presidenciales, es nueva -lo que no les resta mérito alguno-, sino que han formado parte de la discusión académica y política en México, al menos desde que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados en 1997.

Su lanzamiento ahora, sin embargo, parece responder más bien a una doble lógica.

Por un lado, el presidente mexicano está urgido de tener un cierto control sobre la agenda pública y el único espacio viable, tras el saldo de la crisis económica (con una caída del PIB superior a 7%) de este año y las crecientes dudas sobre la eficacia de su estrategia contra la delincuencia organizada, es el de la promoción de nuevas reglas para el juego político. Por otro, al colocar esta propuesta en el terreno legislativo, donde el gobernante Partido de Acción Nacional es minoría, obligará al resto de los actores políticos a definirse -en cualquier sentido- en torno a un esquema preciso. Si la reforma es aprobada, Calderón se llevará la mayor parte del crédito. Pero si aborta, podrá asegurarle a los electores que él hizo una apuesta para mejorar el régimen y que fueron los partidos opositores quienes se negaron a responderle a una ciudadanía que padece, como lo exhibe el más reciente Latinobarómetro, un claro desencanto democrático.

El segundo rasgo tiene que ver con el régimen político mexicano. Si bien la iniciativa incluye cambios muy relevantes, ha evitado, con sentido práctico, caer en una discusión conceptual o teórica -y por tanto interminable- acerca de la naturaleza que debe tener ese régimen; es decir, en lugar de plantearse si México debe transitar de un sistema presidencial a otro parlamentario o semiparlamentario, ha elegido un procedimiento elíptico que consiste en introducir directamente medidas que, si bien con riesgos derivados de una cultura cívica de baja intensidad, y una escasa habilidad de los partidos para establecer pactos de gran calado, pueden influir de manera relevante en la profesionalización de la carrera legislativa, en la elección de presidencias con un mandato más claro o en la formación de mayorías más definidas, estables y, eventualmente, eficaces en el Congreso.

¿Pueden estas propuestas configurar otra arquitectura institucional y política en México o bien ser el antecedente de un cambio de fondo en el tipo de régimen? Sí y no. De ser aprobadas más o menos en los términos formulados, sin duda conducirán a formas relativamente inéditas de hacer política en las calles, los medios, los partidos y los órganos de gobierno. Pero, a menos que el Congreso incorpore nuevas figuras, como la creación de un jefe de gobierno o la ratificación completa del gabinete presidencial por el Senado, es improbable que esta iniciativa derive en un sistema parlamentario.

Y el tercer razonamiento es que pondrá en un serio predicamento a los partidos, o, dicho con más propiedad, a las burocracias que los controlan. Tres ejemplos.

La reelección traslada las lealtades de los candidatos, con los dirigentes que hoy los imponen, hacia los electores que los votarán mañana. En el caso de los alcaldes, que hoy duran solo tres años sin posibilidad de reelección inmediata y que la reforma amplía hasta por cuatro períodos consecutivos, les dará una autonomía mucho mayor y más poder frente a los gobernadores de sus propios estados, muchos de los cuales aún controlan verticalmente a los municipios. Y en el caso de la segunda vuelta, el hipotético regreso del PRI, que hoy encabeza las preferencias en las encuestas, en las elecciones presidenciales de 2012, puede incentivar una gran coalición de todas las oposiciones contra ese partido si se llega al balotaje. Esto obligaría a su candidato presidencial a negociar posiciones, establecer compromisos y ceder parcelas de poder importantes con las complejas y astutas corrientes internas del PRI -con las únicas que contaría en ese escenario-, a un precio lo suficientemente caro como para limitar sus márgenes de gobernabilidad y restarle eficacia política.

Finalmente, nada garantiza que la reforma pase pronto e, incluso, cabe la posibilidad de que se quede en la congeladora legislativa, fundamentalmente por razones de cálculo político. De ocurrir, quizá los partidos obtengan ganancias de corto plazo, pero México habrá perdido una oportunidad de mejorar la funcionalidad de su régimen político.

El conjunto de las propuestas del Presidente Felipe Calderón puede consultarse aquí.

Otto Granados es mexicano, profesor de políticas públicas y director del Instituto de Administración Pública del Tecnológico de Monterrey, México. Email: [email protected].