Jo, jo, jo… Contralor

El Universal

Para el momento en que se escribe este artículo, se espera que el Contralor General, Clodosvaldo Rusian, publique su lista de inhabilitados. En un país normal o, mejor dicho, democrático, la culminación de procedimientos administrativos por parte de la Contraloría serían acontecimientos cotidianos. Sin embargo, en Venezuela, estos procedimientos son formas de represión, tan inoportunos como injustos. La regla es castigar a los opositores y, por excepción, meter a algún culpable en el paquete para dar impresión de legalidad.

En 2008 fueron inhabilitados 400 venezolanos, algunos muy culpables y otros claramente inocentes. El caso más destacado es el de Leopoldo López, quien sería hoy el Alcalde Metropolitano de Caracas. Posteriormente, se forzó a Manuel Rosales a abandonar la Alcaldía de Maracaibo, que ganó legítimamente y por voto popular, en las elecciones de noviembre de 2008. En PJ, también tenemos una lista de afectados que comienza por David Uzcátegui, quien fue pre-candidato a la Alcaldía de Baruta.

Este sistema lo importaron de Irán, en donde el Ayatolá tiene facultad para vetar personas de la contienda electoral. En Venezuela, la potestad sancionatoria del Contralor, establecida en nuestro ordenamiento jurídico para protegernos de la corrupción, se ha convertido en un veto político, para sacar del camino a quienes resultan incómodos. Por supuesto, también para aleccionar al resto y recordarles algo: cállate.

No se trata de castigar a 150 corruptos, es una política de gubernamental con fines electorales y de represión. Por eso la medida se toma en Navidad, cuando la gente disfruta de su merecido descanso. Se toma cuando nadie puede tomar la calle, porque se sabe que lo que se hace es un abuso de poder. No hay justicia en esta cruzada del Contralor, hay venganza.

Todo este teatro anti-corrupción es demasiado tangencial, nunca toca a quien tiene que tocar. Tiene aliento al whisky 21 años que se toma por estas fechas en Miraflores.