Guatemala: El gasto público nos cuesta a todos

El Periódico, Guatemala  

En Guatemala todavía hay quienes piensan que los fondos públicos no le cuestan a nadie y que todos pueden echar mano de ellos sin problema ni consecuencia alguna. Tanto es así que muchos se meten a política con la aspiración de poder partir y repartir el pastel del gasto público y, por supuesto, quedarse con la mejor parte. Creen en aquella ocurrencia que reza: “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”.

Esta mentalidad no sólo es patrimonio de los políticos, ya que también hay empresarios que presionan para agenciarse subsidios estatales y grupos sociales organizados que exigen al Gobierno pagos de todo tipo. Asimismo el objetivo del burócrata es gastarlo todo y más si se puede. En el sector público es mal visto el ahorro y poco se hace en defensa de los intereses hacendarios.

Nuestra ancestral inconsciencia no permite que reparemos en que el dinero que gasta el Gobierno viene de los impuestos y que los impuestos los paga la inmensa mayoría. No sólo los pagan los ricos, sino también los pobres. Hasta el más humilde campesino cuando compra un machete, una lima o las baterías para su radio o su linterna paga IVA. Es decir que a todos nos cuesta el gasto público. Hasta el último centavo que se invierte, se derrocha o se roba nos cuesta a todos. No hay nada gratis. Todo tiene un origen y este es lo que el Fisco nos obliga a entregarle por toda compra, ahorro y ganancia.

De suerte que los impuestos son recursos que el Estado obtiene de los contribuyentes para satisfacer las necesidades colectivas (seguridad, salud, educación, justicia y demás). O sea que es dinero que dejamos de ahorrar, de invertir o de gastar que se pone a disposición del burócrata, para que este se pague su salario y lo invierta en beneficio de todos.

Dado que el Estado gasta nuestro dinero, lo menos que debe exigirse es que gaste lo estrictamente necesario, ni más ni menos, lo justo. Esto conlleva  transparencia, racionalidad, disciplina y control. Debe gastar sólo lo que le ingrese y gastarlo bien, y endeudarse únicamente en casos excepcionales y justificados.

El burócrata también debería quitarse de la mente la idea de que hay que gastarlo todo. Ojalá que, bajo una política de austeridad, el Estado pudiera gastar menos de lo presupuestado en operación, por supuesto sin menoscabo del cumplimiento de sus obligaciones, y que los excedentes se pudieran destinar a apuntalar otros proyectos de interés general, como el régimen de seguridad social; o, en su caso, ser devueltos a los contribuyentes como ocurre en otros países en los que se ha llegado a comprender que la prosperidad solamente se alcanza en donde existe libertad, trabajo e imperio de la ley, y no forzosamente donde el Estado gasta más.