Venezuela: Políticas regulatorias nada inocentes

El Universal

El modelo de Estado empresario que el Gobierno adelanta y profundiza en el país, debería contar con el aval de la población a través de una discusión pública y técnica lo suficientemente reposada y robusta.

Un Estado empresario, actor y regulador, o juez y parte, simultáneamente, podría implicar un enorme riesgo de lesión al interés público y al bienestar social. Por ello, no solo la discusión anteriormente sugerida resulta pertinente y necesaria, sino que, igualmente, se necesita una doctrina y una jurisprudencia sobre eventuales ayudas estatales y potenciales casos de competencia desleal por parte de las empresas públicas, así como una doctrina sobre posibles lesiones a la eficiencia económica, como bien social, y a los recursos públicos.

Las hipotéticas ventajas artificiales del Estado empresario sobre los actores privados, producto del apalancamiento de aquél en las instituciones públicas -en normas particulares, exclusivas y discriminatorias de simplificación de trámites administrativos, y en los fondos públicos-, podría implicar una situación de competencia desleal sobre la que el Estado, por medio del ente competente de regulación de competencia, tendría que pronunciarse y actuar en resguardo de las libertades económicas y la libre competencia.

Distorsiones

La incursión y avance del Estado en las actividades económicas no han contando con la justificación necesaria ni coherente que pudieran garantizar el resguardo del interés público. Por el contrario, la sociedad venezolana está expuesta más que nunca a las distorsiones propias de las fallas de gobierno, de la inflación regulatoria, de la burocratización de las empresas estatizadas, de la corrupción y de la distracción de fondos públicos.

Un principio básico de la regulación económica, si no el fundamental, es que solo ante la existencia de fallas de mercado, existiría el justificado interés público en la actuación del Estado para intentar proteger el bienestar social. Sin embargo, lo anterior no justifica una arremetida contra la actividad económica privada. Todo lo contrario. Existen sectores de la economía nacional donde la posibilidad de acceso a bienes y servicios y sus condiciones de comercialización se encuentran distorsionadas, producto de trabas administrativas, regulaciones, permisología oficial (CNP no otorgados, entre otras), negación de pago y repatriación de dividendos, desconocimiento de la propiedad industrial, de patentes y del pago de royalties, etc., que afectan el nivel de actividad económica privada y, por tanto, de oferta.

Lo anterior implica que tales situaciones, que pudieran motivar el interés público sobre el acceso a ciertos bienes y servicios, son producto de las propias trabas creadas por el Estado venezolano, por el Ejecutivo Nacional o por el Legislativo.

Adicionalmente, la tan utilizada excusa de la existencia de un monopolio o de un oligopolio, no ha contado con los análisis técnicos de rigor que pudieran validar tal hipótesis, ni con los procedimientos administrativos que determinen la probable lesión al mercado y a los consumidores finales. Lo anterior implica que ante las acciones públicas de estatización ha existido una violación de las libertades económicas, al debido proceso y al derecho a la defensa, mientras se ponen en riesgo recursos y fondos públicos que la sociedad ponderaría en usos alternativos, como invertirlos en seguridad personal, servicios de salud efectivos, educación pública de calidad, que coadyuven a la igualdad de oportunidades y no al adoctrinamiento político.

En específico, la existencia de un monopolio en un sector determinado no justifica que el Estado desarrolle tal actividad, pasando por la estatización del operador instalado. Un diseño regulatorio basado en incentivos puede ser perfeccionado e implementado, garantizando un buen desempeño por parte del operador privado y evitando la estatización, la burocratización del operador y el riesgo de despilfarro de fondos públicos.

En aquellos casos en los cuales se ha aludido la existencia de oligopolios para estatizar o regular el sector, igualmente no ha existido ni análisis ni procedimientos administrativos que justifiquen tales acciones en resguardo del interés público y el bienestar social.

Finalmente, el Ejecutivo ha asomado la posibilidad de plantear un proyecto de ley de regulación de las rentabilidades, especialmente del comercio, sector competitivo o potencialmente competitivo. Tal propuesta carece de toda justificación.