Panamá: Ante el nuevo salario mínimo

La Prensa, Panamá

El Decreto Ejecutivo No. 263, del 21 de diciembre de  2009, por el cual “Se  fijan  las  nuevas  tasas  de  salario  mínimo en todo el  territorio  nacional”, por  sí sólo no es necesariamente  bueno ni  malo… Todo depende  de qué hagamos ahora.

Si no hacemos nada por elevar la competitividad y productividad, seguramente será una decisión que traerá tristes consecuencias –la destrucción de puestos de trabajo dentro del sector formal, el debilitamiento y la pérdida de competitividad de las empresas– como resultado de los costos adicionales que promulga el decreto, sin que los mismos se correspondan con aumentos en competitividad y productividad.

Al elevar el nivel de salario mínimo, sin productividad, se pone presión para que los puestos de trabajo de mano de obra menos calificada sean “exportados”, dejen  de ser viables en el país. Luego de los  aumentos (incluso anteriores) resulta que para sustentar un puesto que pague el nuevo salario mínimo los candidatos deben reunir más habilidades o competencias que hagan viable ese puesto de trabajo; en consecuencia, terminan desplazando a quienes tienen menos capacitación para producir.

Evidentemente hay empresas donde la  mayoría de sus colaboradores gana más que el  salario mínimo. En estas, cómo administrarán la situación dependerá del peso que tenga el salario mínimo en su gasto de planilla; o qué tanto el nuevo salario mínimo empuje los otros salarios a  subir.

Al  final, de no haber mejorías en la gestión, ahorros, mayor eficiencia, más productividad u otro elemento que pueda compensar el gasto adicional seguramente habrá presión para subir los precios al consumidor, como último recurso para mantener la salud financiera de la empresa.

Aumentar el  salario mínimo sin mejorar  la competitividad y la productividad, conlleva serias amenazas: riesgo de inflación, debilitamiento de las finanzas a las empresas, pérdida de competitividad (para pelear mercado contra productos internacionales, de donde no han experimentado aumento de costos), y obviamente la reducción de los puestos de trabajo viables o disponibles para quienes tengan menores competencias laborales.

Las peores consecuencias se darán donde se dieron cambios de región. Por ejemplo, en la región tres están los distritos con la peor realidad social del país. Lugares donde conseguir un empleo formal era muy difícil, ahora lo será más. Entre esos están: Cañazas, Chepigana, Chimán, Dolega, La Mesa, Las Palmas, Pinogana, San Lorenzo, San Félix, Santa Fe, etc.

Otros donde las empresas y sus colaboradores ahora tendrán más peso que cargar y un mayor reto para poder competir son los distritos que fueron cambiados de la región dos a la región uno. Estos son: Aguadulce, Arraiján, Bocas del Toro, Chitré, David, La Chorrera, Penonomé  y Santiago.

Lamentablemente, ni la eliminación de la región tres ni los cambios de región dos a región  uno están sustentados en estudios econométricos que nos permitan evaluar si  había mérito para hacer esos cambios. Tampoco se han estudiado las consecuencias  e implicaciones para la economía nacional y, sobre todo, para las de esos distritos o sus moradores.

La  preocupación para las empresas que experimentarán estos “saltos” de región están no sólo en los aumentos, sino que simultáneamente el cambio de región implica un aumento adicional. Ese doble aumento, y la amenaza de que esto se repita en el futuro, tiene hoy a muchos pensando si  continuar o no en la actividad en la que están. “Amenaza de que esto se repita”, porque el  presidente Martinelli  dijo: “estamos  abriendo  el  camino  para  establecer  un  solo  salario en todo el país”.

Es difícil elevar la competitividad y productividad a niveles que hagan esos aumentos viables en tan corto plazo. Algo se les ocurrirá para “resolver” –lamentablemente, en la última década, ante la escalada de costos para mantener una empresa, optan por incurrir en la informalidad– así su única contribución al fisco es si pagan impuestos al consumo.

Los panameños en la informalidad típicamente tampoco cuentan con seguridad social, ni prestaciones laborales; ni son sujetos de crédito para optar por invertir en mejorar su bienestar. Ellos viven el “día a día”. La informalidad en nuestra economía se estima en 44%, situación alarmante y que constituye una amenaza para las finanzas del país.

Necesitamos hacer un trabajo serio, y lograr efectivamente aumentar la competitividad y productividad, individual y colectiva, para poder hacerle frente a los nuevos costos. La empresa privada lleva años intentando que estos sean tratados como temas de Estado, y que los trabajemos al margen de la política  partidista.

Elevar la competitividad y productividad del país es lo que mejoraría el bienestar de la familia panameña. Lo demás son anuncios que pueden sonar populares, pero que conllevan poca posibilidad de ser una solución a los problemas de la población, pues no parten de un paradigma sostenible.