Tribunal de la Incompetencia

Libertad Digital, Madrid

Reír por no llorar. Resulta que la Comisión Nacional de Competencia (CNC) se ha puesto manos a la obra y, haciendo uso de su reciente ampliación de capacidad interventora, se está hinchando a poner multas y sanciones a todo tipo de compañías privadas por incumplir, presuntamente, las reglas que gobiernan el libre mercado.

2009 ha sido un gran año para la CNC, conocida anteriormente como Tribunal de Defensa de la Competencia. Según su última memoria, el regulador gubernamental abrió 21 expedientes el pasado ejercicio –el doble que en 2008–, imponiendo multas por valor de 191 millones de euros, un 560% más que en 2008.

Muchos –la mayoría– pensarán que esta frenética actividad es signo inequívoco de que, al menos, un organismo está cumpliendo rigurosamente con su cometido que, en este caso, no es otro que defender a los consumidores de los supuestos abusos de las grandes empresas. Y, sin embargo, se equivocan.

Pocas son las entidades públicas más hipócritas, falaces y perversas que las que actúan bajo la rúbrica de "defensa de la competencia". Y es que este tipo de tribunales especiales se levantan sobre toda una montaña de legislación errónea que tergiversa y manipula el concepto mismo de "competencia". Dicho término ha de ser entendido, única y exclusivamente, como un proceso social dinámico en el que una infinidad de empresarios rivalizan entre sí por satisfacer las necesidades de los consumidores y obtener así beneficios de forma legítima. Todo ello sin recurrir a la violencia, la coacción o a la amenaza del uso de la fuerza (que es lo que hace el Estado).

El libre mercado no es más que eso. Vendedores y compradores que satisfacen sus fines acordando intercambios libres y voluntarios que se materializan en precios. Pero hete aquí que nuestra querida clase política, quienes ejercen el monopolio de la ley, entienden la competencia como una situación de equilibrio perfecto en el que los empresarios apenas cuentan con margen para actuar.

No obstante, según estos tribunales, las empresas que suben tarifas corren el riesgo de ser enjuiciados por "precios abusivos"; los que abaratan sus productos bien pueden ser acusados de "competencia desleal"; y, por supuesto, ¡hay de aquellos que acuerden precios!, pues la sanción por "confabulación" es casi segura. Entonces, ¿en qué quedamos? En la práctica, el único objetivo de la ley es impedir, precisamente, que los vendedores compitan.

El error conceptual parte de los modelos matemáticos que se suelen estudiar en las facultades de Económicas. La mayoría de manuales enseñan una supuesta "competencia perfecta" que, sin embargo, nunca se produce en el mundo real. Dicho término alude a una situación ideal en la que todos los empresarios venden el mismo producto al mismo precio. Como poco, resulta contradictorio –por no decir vergonzoso– que economistas y políticos califiquen de "perfecta" la ausencia misma de competencia.

La legislación que opera en este ámbito constituye un atentado contra el libre mercado, y los órganos que la aplican auténticos Tribunales de la Incompetencia. Sonado fue el caso de Microsoft, condenado por ocupar una "posición de dominio" en su sector, y mucho me temo que el siguiente será Google por razones análogas. Los burócratas no entienden, o no quieren entender, que el éxito de las grandes empresas consiste, precisamente, en satisfacer de la mejor forma posible a los consumidores.

El único monopolio real radica en obstaculizar o impedir la entrada de nuevos competidores en un determinado sector mediante barreras administrativas. Dicho concepto carece de sentido en el libre mercado, ya que nada impide que cualquier otro empresario perspicaz tumbe al gigante a la mínima de cambio. Ésa, y no otra, es la esencia del proceso dinámico de la competencia.

Las grandes empresas corren el riesgo de caer en cualquier momento y ser sustituidas por otras más eficientes. Véase sino la otrora poderosa industria de velas hasta el nacimiento de la bombilla, el sector del carbón hasta el uso del petróleo, los gigantes ferroviarios hasta el despegue de la aviación civil… y así, desde que el hombre es hombre.

Aumento ilegal de precio es cobrar más que un colega,
pero si cobra usted de menos es desleal competencia.
Y téngalo bien presente, no haya en esto confusión:
Si cobran todos lo mismo será confabulación.
Debe competir, es cierto, pero ande con pies de plomo,
pues si conquista el mercado, ¡qué más claro monopolio!
¿Precio abusivo o escaso? El uno al otro no quita.
Si el Bien Público está en juego, ¿por qué no la parejita?

(Tom Smith y la increíble máquina de hacer pan) 

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.