Gasto público, caja y poder: la estrategia kirchnerista en peligro
Siempre a la búsqueda de frases si no ingeniosas cuanto menos provocativas, el jefe de Gabinete ha bautizado a la actual crisis "la Resolución 126". Y reconociéndole derechos de autor, Néstor Kirchner la llamó de la misma manera. Así, ambos asocian el caso a la batalla por la Resolución 125, o sea, a la medida que desencadenó el conflicto con el campo.
Pero esta vez, con el acompañamiento del ex presidente, la afición de Aníbal Fernández por los efectos especiales suena a acto fallido.
Además de los costos que le acarreó al país, la pelea por la Resolución 125 terminó en una furibunda derrota del Gobierno e inició, decididamente, el ocaso del kirchnerismo. ¿Querrán decir que ahora puede haber un desenlace semejante, cuando hablan de una Resolución 126?
"Yo siempre pongo la cara y siempre arreglo el quilombo", afirmó Amado Boudou el miércoles. Fue a propósito de una orden, consignada por Clarín, que el ministro de Economía había recibido desde Olivos tras el embargo de las reservas del Banco Central: "Salí a explicar este quilombo".
Sin proponérselo, Boudou aceptó así que él había sido quien originó "el quilombo". Y sin quererlo, también, que esto que pasa es un quilombo.
¿No era que todo había sido un complot urdido por Redrado, Cobos, la Justicia y el juez norteamericano? O es efectivamente lo que salta a la vista.
Eso que tan bien definió Boudou nació con dos decretos de necesidad y urgencia, firmados por la Presidenta y todo el gabinete nacional y avalados, desde luego, por Kirchner. Uno dispuso pagar la deuda externa con reservas, el llamado Fondo del Bicentenario. Por el otro se resolvió remover al jefe del Banco Central. Y ambos engendraron un formidable entuerto político y judicial, a puro costo para el Gobierno.
Ninguna salida que se le encuentre parece, ya, indolora para el kirchnerismo.
Una, que tiene cierto consenso en la oposición, consiste en hallar una vía legal para desplazar a Martín Redrado sin herir la autonomía del Central: Redrado no la resistiría y además no podría. Pero la contrapartida sería discutir, también en el Congreso, el DNU del Bicentenario.
El problema es que así se pone en peligro el núcleo de la estrategia oficial. Pagar deuda con reservas significa liberar recursos fiscales previstos para ese fin, engrosar la caja del poder político y fogonear el gasto público, este año y el que viene.
Queda claro el objetivo detrás de la medida. En la imaginación del kirchnerismo, contar con otra caja y mucha plata a mano mejoraría sus limitadísimas chances electorales. Nada que no se conozca de sobra, aunque difícilmente sea suficiente si es posible: alinear gobernadores y cooptar voluntades.
Tan de sobra se conoce que, aun cuando nadie lo admitiría, en el rechazo de la oposición al DNU del Bicentenario también entra la intención de liquidar esta fuente de poder. Además, como se dice, de los factores institucionales y del respeto al Congreso que el Gobierno ha vuelto a barrer.
El año pasado, el gasto público aumentó alrededor del 30 %. Según cálculos privados, gracias al Fondo del Bicentenario en 2010 podría subir otro 26 %.
En cambio, no disponer de las reservas obligará al Gobierno a cambiar de estrategia. Deberá aplicar una política fiscal más austera, recortar subsidios, probablemente pegarle un golpe a las tarifas: en fin, trabajar y gestionar como no lo ha hecho hasta ahora. Y por más que mejore la recaudación impositiva, será insostenible un aumento del gasto del 26%.
Una variante manejada estos días pasa por incrementar el monto de los adelantos transitorios, en pesos, que todos los años el Banco Central gira al Tesoro Nacional. Ya habían sido reajustados para arriba en el Presupuesto de 2009, cuando el oficialismo era mayoría en ambas cámaras.
El punto es que en los cálculos del Gobierno esta caja ya fue computada, más todas las que haya a tiro. Incluidas utilidades del BCRA por 20.000 millones de pesos, según algunas estimaciones o 16.000 millones según otras.
Pero ni aun raspando donde sea alcanza como para sostener el gasto público en las alturas de 2009. Ya resultan notorios el desajuste de las cuentas fiscales y las limitaciones presupuestarias que enfrenta el Gobierno: todo ha virado al rojo.
Eso explica que el kirchnerismo vaya a defender a muerte el Fondo del Bicentenario o, más precisamente, la disponibilidad de reservas por 6.569 millones de dólares. Por más que no existan riesgos de default, ni en el peor de los escenarios.
Otra cosa es el costo que el país debería pagar por los créditos que necesite, si se cae el plan. Y una más, dado el zafarrancho que se ha armado, la suerte del canje para los bonistas. Lo que faltaba saltó ayer: que como parte de esta operación, Boudou tenga que responder por las estadísticas del INDEC.
Es notable que el año del Bicentenario haya arrancado con una crisis. Y si el caso no termina en una Resolución 126, igualmente el Gobierno habrá pagado por la improvisación y por un modelo gestión unipersonal en el que no cuentan ni las formas ni los soportes técnicos.
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