La ruina del derecho

Diario de América

Al proponer la abolición de los términos en materia penal, y al haber procedido "manu militari" de conformidad, el señor Presidente ha incurrido en imperdonable y flagrante violación de los derechos humanos, aquellos que supuestamente quería precaver.

Los términos en Derecho no existen por capricho. Sobre la base que suponen se edifica el sistema de garantías que tienen las partes cuando llegan ante un juez. Y si de materia penal se trata, es la condición sine qua non para que la acción punitiva del Estado no se convierta en una agresión brutal contra el ciudadano indefenso. Eliminar los términos significa arrancar de cuajo todo el sistema de garantías individuales y convertir al procesado en la víctima de un Estado omnipotente.

Los fiscales y los jueces deben ser diligentes en el cumplimiento de sus deberes, para que no caduquen, así sea temporalmente, las posibilidades de acumular pruebas contra el presunto delincuente. Pero cuando son incompetentes o abúlicos, o simplemente cuando no encuentran medios de convicción contra el sindicado, habrán de dejarlo en libertad.

Frente al derecho de la sociedad a investigar se levantan derechos sagrados del procesado. La estimación del tiempo necesario para que la acusación prospere y sustente un llamamiento a juicio la hace el legislador. Si la hizo mal, se corregirá el error. Pero no cometiendo el peor de todos, que sería el dejar a los ciudadanos sometidos al criterio incontrolable de quien los procesa.

Los soldados perseguidos por las bajas de aquellos delincuentes que, después de atormentar a sus vecinos de Soacha, se fueron a buscar mejores aires con las bandas armadas del narcotráfico en el Catatumbo, tienen derechos. El Estado no puede vulnerarlos con el vacío argumento de tranquilizar a las familias de los caídos en aquellas operaciones militares.

Los fiscales tuvieron el tiempo que la ley les concede para reclutar las pruebas, pareciendo ahora de toda evidencia que no tienen ninguna. Salvo aquella en la que especializó el doctor Mario Iguarán la Fiscalía, la compra de testigos. Los delincuentes que dicen haber reclutado bandidos para auxiliar el narcotráfico y que, por supuesto, gozan de libertad, garantías y regalos, son los testigos de cargo contra los soldados que, cumpliendo su deber y arriesgando sus vidas, produjeron aquellas bajas. Y nada más. Solo retórica, mentiras y calumnias.

Nadie nos ha dicho si existe una prueba, tan solo una, de que los caídos en aquellas acciones murieran en condiciones de inferioridad. Las necropsias atestiguan que estaban armados, con armas idóneas para matar, que habían sido disparadas. El CTI de la Fiscalía no encontró nada anormal en los levantamientos de los cadáveres, como habrían sido vestigios de pólvora en los orificios de entrada de los proyectiles. Solo ahora, cuando los de la guerra política la han iniciado sin contemplaciones, y en las altas esferas del poder se quieren conseguir méritos humanitarios a costa de la vida de humildes soldados de la Patria, se destapa un escándalo fabuloso que ha tenido dos capítulos.

El primero fue el de la rueda de prensa de un 29 de octubre, en la que se dio de baja a 27 militares, de generales a sargentos. Cuando quedó claro que ninguno de ellos tenía que ver con falsos positivos y que la investigación a nada condujo, sino a la injusta muerte civil de esos servidores de Colombia, solo quedaron los soldados.

Y ahora, cuando tampoco hay nada contra ellos, se trata de condenarlos a toda costa. Hay prestigios muy altos en juego que bien valen, según la estimativa presidencial, cualquier sacrificio. Como el del término en materia penal, que distingue un proceso civilizado de un acto de barbarie estatal. Al fin y al cabo, ¿quién ha dicho que los soldados son seres humanos que tienen derechos?
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