El sainete de Honduras

Panamá América

Si el costo humano y social para los hondureños no hubiera sido tan alto, todo el episodio del supuesto golpe de Estado hubiera sido una verdadera comedia. La verdad es que los hechos reales fueron distorsionados y manipulados mayormente desde fuera, de acuerdo con los muy particulares intereses de los actores externos, y no precisamente para salvaguardar la democracia de los hondureños.

La OEA, en otro de sus exabruptos históricos, juega un papel sumamente cuestionable. Poco después de haberle extendido una alfombra roja al régimen cubano para que retornara a la OEA, lo cual es un apoyo implícito a la indefendible legitimidad del origen y a la permanencia en el poder de esa autocracia y a su obvio incumplimiento de la carta democrática de la OEA, condena a los hondureños, que en realidad habían evitado un verdadero golpe de Estado por parte de Zelaya.

Está ampliamente documentado que el presidente Zelaya, en repetidas ocasiones, desobedeció las advertencias de los otros órganos del Estado, como la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, la Procuraduría de la Nación y el ombudsman, que repetida y unánimemente le advirtieron que estaba violando el orden constitucional. Hasta los de su propio partido estuvieron de acuerdo con estas advertencias.

La destitución de Zelaya fue iniciada legalmente cuando el 26 de junio, el Fiscal General de la Nación lo acusó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia y ésta aceptó la denuncia unánimemente bajo la autoridad que le da el Artículo 313, Sección 2 de la Constitución.

Luego, la Corte procedió a solicitar el arresto de Zelaya basada en el Artículo 304 de dicha Constitución. Zelaya fue arrestado dos días después bajo la autoridad que la Constitución le confiere a la Corte Suprema de Justicia.

El propio organismo encargado de interpretar la Constitución, que en Honduras es el Congreso, de acuerdo con el Artículo 205, Sección 10 de la misma, estuvo de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

En adición, también el mismo artículo, Sección 20, le da al Congreso la autoridad de aprobar o improbar la conducta del Órgano Ejecutivo.

Con las recientes elecciones, fue el propio pueblo hondureño, que en un acto auténticamente soberano y democrático, avalado por centenares de observadores y periodistas, le dio su aprobación inequívoca y contundente a lo actuado por sus instituciones civiles. Y esto sucedió, además, cumpliéndose con lo que se considera la “prueba de ácido” de un proceso electoral democrático, que es el reconocimiento de la victoria de la oposición.

Inicialmente, la OEA embaucó a nuestros representantes con la fulminante condena que hizo a “tambor batiente”. Pareciera que ni siquiera leyeron la Constitución hondureña. Afortunadamente, nuestro país ha rectificado a tiempo anunciando que reconocerá al nuevo gobierno democrática y libremente elegido por los hondureños.

Salud al noble pueblo hondureño, que además se ha librado del ALBA.