Haití: Catástrofe delivery

Por Alejandro A. Tagliavini

La tragedia de Haití no fue culpa de la ausencia del Estado, por el contrario, ocurrió debido a la omnipresencia coactiva del gobierno, manipulado por una oligarquía mafiosa, que impidió que la vida se defienda.

Podría decirse que el desastre humanitario fue despachado por el Estado. Entonces, si queremos salvar a Haití y no simplemente ganar votos o quedarnos con un porcentaje de las ayudas, debemos priorizar a las organizaciones privadas que, hasta de la seguridad, pueden encargarse con mayor eficiencia.

Como dice Jorge Alcalde, "… no se ha podido evitar ni un solo terremoto. No se ha podido alertar a la población".

La enseñanza es que la ciencia es muy limitada, destrozando la creencia del racionalismo de que la mente humana es capaz de analizar todas las variables del cosmos y, por tanto, planificar el futuro social. Al no poder hacerlo, sus planificaciones suelen desviar las acciones de la realidad.

El terremoto en Haití tuvo la potencia de 200.000 kilos de TNT, de 7,3 grados en la escala Richter. No hay estructura que resista uno de 9 grados. Para peor, se produjo a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, donde viven unas dos millones de personas, y a sólo 10 kilómetros de profundidad.

Si no se pueden prevenir estos fenómenos naturales, más allá de no construir en zonas con antecedentes o hacerlo con estructuras sismo resistentes, resulta imprescindible la infraestructura de socorro como hospitales y demás. ¿Por qué no existe en Haití?

Cuenta Andrés Oppenheimer que, para Transparencia Internacional, Haití está entre los diez países más corruptos, 176 entre 180 naciones.

Ahora ¿qué es la corrupción? A diferencia del mercado, donde las transacciones son de arreglo voluntario entre las partes, el Estado impone coactivamente (utilizando el falso concepto de violencia justa) cargas tributarias y regulaciones o prohibiciones que quedan bajo el arbitrio del funcionario lo que, más tarde o más temprano, termina en corrupción.

De modo que el índice de corrupción puede tomarse como un índice de interferencia coactiva estatal en la sociedad. Precisamente esta violencia estatal, no solo destruye (al coartar la libertad creadora y creativa de la persona) sino que corrompe todo lo que encuentra. Así, el estatismo haitiano, dejó al país sin la infraestructura más elemental.

Ni siquiera la "ayuda" estatal es recomendable. Cuenta Oppenheimer que según FRIDE, un centro de estudios europeo, la cooperación extranjera a Haití superó los US$ 2.600 millones desde 1984, "y hay muy poco que mostrar por la misma”.

Benjamin Powell y Matt Ryan señalan que "EE.UU… (y) sus socios en la OECD han contribuido con… ayuda a "regímenes (como el) de Sudán; el peor dictador del mundo… (otorgándole) más de US$ 6 mil millones; la OECD contribuyó con asistencia a todos los 20 peores dictadores del mundo que, en conjunto, recibieron US$ 55 mil millones".

Mientras que, hasta ahora, el gobierno de EE.UU. prometió ayuda para Haití por US$ 100 millones, como ejemplo recordemos que solo para el tsunami del 2004, Cáritas, una organización privada, distribuyó US$ 450 millones, a lo que habría que sumarle el trabajo de Médicos sin Fronteras, la Cruz Roja y tantas otras.

Son los privados, los que deben dirigir el trabajo de salvamento y no el Ejército de EE.UU. ni los "cascos azules", que ya están entorpeciendo a las organizaciones no gubernamentales.

Recordemos que el Army Corp of Engineers (ACE) fue quién construyó y mantuvo los canales y murallas que protegían a Nueva Orleans. Por desidia, los diques solo podían resistir tormentas de categoría 3, y no estaban en condiciones de sobrellevar una de la magnitud de Katrina.

El Ejército de Salvación, otra organización privada, siempre llega antes a las zonas de desastre que los equipos estatales. Hasta las cámaras de televisión y los fotógrafos adelantan a los rescatistas de los gobiernos.

Peor aún, las ayudas estatales generalmente se cobran en favores políticos o corrupción como el escándalo del programa "Petróleo por Alimentos", que puso en aprietos al secretario general de la ONU.