Venezuela: A marchas forzadas hacia las parlamentarias

Infolatam

Caracas. – Lo más significativo de la jornada de marchas realizadas por los afectos del gobierno y la oposición venezolana el pasado sábado 23 de enero, es que marcó simbólicamente el punto de partida para la carrera electoral de los comicios legislativos del 29 de septiembre de este año. De hecho, en las movilizaciones prácticamente no se habló del significado de esa fecha histórica, la más importante para la democracia venezolana, en la que 52 años atrás fue derrocada la dictadura de 10 años que dirigía el General Marcos Pérez Jiménez.

Por supuesto, los exiguos recordatorios de la efeméride provinieron de la marcha convocada por los factores democráticos que adversan al gobierno del presidente Hugo Chávez. Sin embargo, la nutrida movilización -que logró llegar con tranquilidad al corazón de la barriada popular de Petare, la más importante de Caracas, hazaña que no había podido hacer antes ya que era un territorio mayoritariamente chavista-, sirvió más bien como airada protesta por las recientes medidas gubernamentales de expropiación de empresas, de restricción de agua y luz, de represión de opositores políticos, de abuso e ineficiencia policial, y de anticonstitucionales avances hacia un régimen militar totalitario.

También sirvió, aunque con moderación, para que los dirigentes partidistas lanzaran el mensaje de la unidad opositora como medida fundamental para alcanzar victorias en los comicios parlamentarios.

Por su parte, la marcha oficialista -que por su menguada asistencia tuvo que ser cambiada del lugar pautado originalmente, desde la larga avenida Bolívar a la reducida plaza O´Leary del centro de Caracas convirtiéndose así en una concentración, cuya mayoría de participantes fueron trasladados en autobuses oficiales desde el interior del país- se convirtió sin tapujo alguno en un llamado electoral.

El propio presidente Chávez, acompañado de todo su gabinete ministerial y de la Presidenta de la Asamblea Nacional, no sólo solicitó a sus seguidores realizar una "Campaña Admirable" (nombre con que se conoce la ofensiva militar de Simón Bolívar de entrada a Venezuela desde Colombia, en 1813) con miras a las elecciones parlamentarias, sino que también les exigió fidelidad absoluta para su liderazgo. Era lógico que el Teniente Coronel y su tren ejecutivo no conmemoraran la fecha del 23 de enero de 1958.

En verdad, no siempre lo han hecho en el transcurso de los casi 11 años que llevan en el poder, ya que la verdadera fecha con valor histórico para ellos es el 4 de febrero de 1992, cuando el actual mandatario, junto a otros militares hoy en día ocupando puestos gubernamentales, intentaron derrocar al gobierno democrático del presidente Carlos Andrés Pérez.

Ahora bien, este inicio de partida electoral encuentra a ambos contrincantes con debilidades y retos difíciles de superar. Sin duda, el gobierno arranca con ventaja. La ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) aprobada por la Asamblea Nacional en julio de 2009, impuso una serie de cambios que favorecen aún más la privilegiada posición del oficialismo, tales como la sobrerrepresentación de las mayorías, el aumento de diputados nominales y disminución de los que se escogen por lista, así como el permiso para que el Consejo Nacional Electoral modifique las tradicionales circunscripciones electorales.

De hecho, amparados en ésta última disposición derivó la reciente decisión de la directiva del CNE (constituida por 4 miembros oficialistas y un solo representante de la sociedad opositora) de dividir por razones políticas varios municipios donde gobierna la oposición, para así intentar disminuir sus opciones de triunfo en las elecciones parlamentarias. Si bien este rediseño de los circuitos de votación no impide que los opositores ganen el voto popular en los estados claves como Miranda, Zulia y el Distrito capital, sí permite que el partido oficialista obtenga más diputados.

A ello, debemos sumar el consabido ventajismo oficial en momentos de campaña electoral, derivado especialmente del abuso que en materia de publicidad y propaganda hace el presidente Chávez y su partido de las instituciones y bienes del Estado, sin coto alguno por parte de las autoridades del Poder Electoral.

A ese abuso, que en la actualidad cuenta con el ingreso monetario producto de la devaluación, coadyuvan recientes medidas gubernamentales en contra de los medios de comunicación privados, como la tomada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) el mismo día de las marchas del 23 de enero, de exigir a los operadores de servicios de televisión por cable que excluyeran de su parrilla de programación la señal de transmisión de aquellas estaciones que el gobierno considera "nacionales" que no cumplieran con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte).

El gobierno de Hugo Chávez determinó hace pocos días que son nacionales aquellas cuya programación nacional llegue al 70 % del total, lo cual afectó a Radio Caracas Televisión Internacional, American Network, América TV, Momentum, Ritmo Son y TV Chile. Como RCTV internacional, que no se considera nacional como su nombre lo indica, se negó a transmitir la cadena audiovisual de pocos minutos del presidente Chávez durante la concentración oficial del 23 de enero, ésta fue suspendida. Es de recordar que la señal abierta de RCTV fue injustamente estatizada en 2007.

No obstante, la debilidad del gobierno es la gran ventaja de la oposición: el creciente y acelerado descontento popular respecto a su mala gestión y sus ejecutorías políticas y económicas; un disgusto que ya se manifiesta en las encuestas y en numerosas protestas espontáneas de calle, como la que han generado en los últimos días la expropiación de la red de empresas alimentarias franco-colombiana Éxito y el cierre de RCTV por cable, las cuales están creando un estado general de movilización.

Ello también explica las divisiones y conflictos que vive el Partido Socialista Unido de Venezuela. La decepción en las filas del chavismo es tan grande, que ni siquiera allí ha tenido acogida la reiterada propuesta presidencial de un inmediato referéndum revocatorio de su mandato, la cual seguramente ha lanzado como forma de neutralizar el impacto de los comicios legislativos o como excusa para aplazarlos.

Pero el aprovechamiento de esa gran ventaja por las fuerzas opositoras, sólo será posible si la dirigencia partidista y la de los diversos sectores de la sociedad civil logran superar su debilidad esencial: la falta de unión y colaboración organizativa en torno de una estrategia electoral común que logre la difícil tarea de movilizar a los votantes chavistas desencantados y a los antichavistas abstencionistas.

El drama es que esa imprescindible unidad estratégica aún no pasa de ser una promesa de inicio de campaña.