Conflicto de poderes y política macroeconómica en Argentina
Buenos Aires. – En el engranaje de las democracias maduras, la interacción entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial siempre produce algunas chispas. Para eso existe, entre otras razones, la división de poderes: para que estos se contrapesen entre sí, lo que supone ciertas dosis de acción y reacción (o sea, conflicto). Pero en Argentina, sobre todo en el nivel de la retórica, las chispas están ya sobrepasando lo normal.
Desde la noche del 3 de diciembre, cuando con la actuación estelar de Pinky los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados manejaron la sesión que estableció la composición partidaria de las comisiones, se inició una nueva etapa en la interacción entre los poderes. A partir de que el kirchnerismo dejó de ser mayoritario en el Congreso y en las urnas, ingresamos en lo que podría ser un período de gobierno dividido -es decir, la convivencia de un Ejecutivo y Legislativo controlados por partidos de distinto signo.
En realidad, no se trata de una división de gobierno clara y absoluta. Lo que queda es un equilibrio en el cual los Kirchner no tienen el control del Congreso sin haberlo perdido totalmente. En el Senado, el kirchnerismo tiene aproximadamente la mitad de las bancas -si contamos a sus aliados-, aunque el presidente de la Cámara, el vicepresidente Julio Cobos, hoy es opositor. Y en Diputados, el kirchnerismo tiene algo menos del 40% de las bancas, pero conserva la presidencia y una buena presencia en las comisiones. Pero, eso sí, está bajo la permanente amenaza de que la oposición fragmentada se una para doblegarlo, generando nuevas 126s, 127s o 128s.
Aún cuando la oposición no tenga los números para bloquear o fijar fácilmente políticas desde el Congreso, demostró que puede jugar tan fuerte como el kirchnerismo. Y anuncia en voz alta su vocación de seguir haciéndolo. En el contexto de las fuertes provocaciones lanzadas desde el kirchnerismo, que ya conocemos, en las últimas semanas escuchamos a los principales referentes de la oposición frases muy contundentes acerca de la derogación de los decretos y la revisión de leyes impulsadas por el Ejecutivo, juicios políticos y cacerolazos frente a eventuales vetos presidenciales.
En el reciente caso del Fondo del Bicentenario y la destitución por decreto del Presidente del Banco Central, la oposición del nuevo Congreso reclamó sus facultades para evaluar y validar el uso de reservas, a través de la comisión bicameral revisora de DNUs, y para decidir en el caso de la continuidad o no de Martín Redrado al frente del BCRA.
Asimismo, la Justicia está desempeñando un rol clave frente al decisionismo del Ejecutivo. La destitución de Redrado fue revocada, tras el amparo, por una jueza federal, y también intervino en la creación del Fondo del Bicentenario. Este comportamiento de los tribunales que "se plantan" frente al Ejecutivo en los años finales de sus mandatos suele analizarse en términos de las lógicas individuales de jueces no muy probos, acomodaticios, que se mueven según los vientos políticos de la época ("se les animan a los Kirchner") para mejorar sus vinculaciones con el poder político y favorecer así sus carreras judiciales. Sin embargo, el acompañamiento de la Justicia a las políticas de los gobiernos entrantes puede rastrearse en la jurisprudencia.
Analizando uno de los fallos más importantes de este tiempo, el de la pesificación de octubre de 2004, de fuerte tono político, podemos leer una doctrina de la no intervención de la justicia en las decisiones de política económica que toman los gobiernos en tiempos de crisis[1]. Y, como sabemos, todos los gobiernos de la Argentina reciente se inician en contextos de crisis. No se trata solamente de jueces acomodaticios: la Justicia "ayuda" a gobernar al principio, sabiamente consciente de las dificultades existentes, y de a poco deja de ayudar.
En suma, las tensiones de un gobierno cuasi-dividido, más los crecientes límites que imponen los tribunales, sobrepasan lo normal, pero se mueven dentro de una interacción que era esperablemente tensa. Lo que sí es novedoso, poco habitual y generador de fuertes incertidumbres, es que el nodo del conflicto sea, como dicen los economistas, el ownership de las políticas macroeconómicas.
Más allá de la autonomía real o nominal de la autoridad monetaria, el modelo decisorio al que está habituada la Argentina es el de un timón único y centralizado de la gestión macroeconómica. Con escasa o nula participación del Congreso u otros actores opuestos al comando central. Con diferentes grados de intensidad, esto fue siempre así. Pero sobre todo desde la crisis hiperinflacionaria de 1989, todos los aspectos relativos a la política económica están fuertemente concentrados en un Poder Ejecutivo que, con facultades delegadas, ha gestionado casi ininterrumpidamente bajo criterios de emergencia. Superministros como Cavallo, Lavagna o el propio Kirchner detrás de todos los fugaces ministros de los últimos años, fueron el modelo de las decisiones concentradas.
Redrado no ha durado mucho más porque, en última instancia, el kirchnerismo puede contar legisladores opositores que están dispuestos a rubricar su destitución para evitar un cuello de botella. Pero a pocas semanas de la irrupción del nuevo gobierno dividido, la unificación de la gestión macroeconómica comienza a ponerse en cuestión, sobre todo por el Congreso, lo que crea incertidumbres de un nuevo tipo, adicionales a las ya existentes.
[1] En el inc. 12 dice que "Los jueces están llamados a juzgar, no a administrar ni a fijar ni revisar la política económica de los poderes políticos, pues lo contrario implicaría desvirtuar el régimen democrático sustituyéndolo por el gobierno, o aun la dictadura, del Poder Judicial, que impediría el desarrollo de cualquier programa de gobierno coherente, máxime frente a una emergencia que los jueces no están capacitados para encauzar." (Ver https://www.tribunalfiscal.gov.ar/jurisprudencia/20.286-A.pdf)
[3] Ver p.e. FIEL (1993). Hacia una nueva organización del federalismo fiscal en la Argentina. Buenos Aires: Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas.
- 23 de enero, 2009
- 29 de diciembre, 2024
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