La “democracia” siglo XXI

El Periódico, Guatemala

A raíz de la modalidad que ha cobrado fuerza en las últimas décadas, con la llamada Democracia del siglo XXI, se han agregado nuevos elementos que llevan a la discusión del sistema democrático en razón de su desempeño.

Las más recientes decisiones del gobernante venezolano al avanzar en la persecución a los medios de comunicación independientes al vedar las transmisiones por cable del ‘Canal RCTV’, la expropiación de la cadena de hipermercados Éxito y el sometimiento de un pequeño agricultor que protestaba por la expropiación de sus tierras a la reclusión y tratamiento con “medicina militar revolucionaria”, (Asdrúbal Aguiar, ‘Globovisión’ 16/1/10), aceleradamente rompe con las mas elementales normas de respeto a las libertades democráticas.

Institucionalmente, las distintas maniobras del presidente Chávez para perpetuarse en el poder y acomodar la legislación a conveniencia, incluye la burla a la voluntad del pueblo que rechazó las propuestas de reforma constitucional en 1999 pero luego se adoptan las propuestas de mayor interés mediante el procedimiento de referéndum en acciones evidentemente incompatibles con los principios de una democracia constitucional.

Por eso cabe cuestionar si es suficiente la expresión en las urnas para seguir llamando democracia a prácticas institucionales que más se asemejan a una dictadura. Porque aún si se utiliza como parámetro la elección popular, cómo justificar lo que sucedió con las elecciones para gobernadores y alcaldes el pasado noviembre de 2008 cuando mediante actos administrativos inhabilitaron a candidatos de oposición y luego funcionarios que fueron electos con un apoyo abrumador como el alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, luego fue perseguido penalmente hasta que tuvo que exiliarse en Perú.

Y cómo justificar el caso de Antonio Ledezma, electo Alcalde Mayor de Caracas con 900 mil votos, a quien se le impidió inicialmente ocupar la sede de la alcaldía y luego mediante argucias administrativas le sustrajeron los recursos financieros necesarios para el desempeño de sus funciones.

La concentración del poder en una persona es evidente cuando la ya inexistente separación e independencia de los órganos del Estado es avalada por el Tribunal Supremo de Justicia, cuando su presidenta declara que “no podemos seguir pensando en la división de poderes porque ese es un principio que debilita al Estado”; cuando el control gubernamental sobre todo el andamiaje electoral es evidente; cuando la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ordena la reclusión del modesto agricultor Franklin Brito, por la protesta ante la expropiación de sus tierras con la explicación de que es “nocivo para la salud del organismo racial colectivo”.

Yo me pregunto, ¿hasta dónde es elástico el concepto de democracia cuando lo único que le queda es la legitimidad de su origen, pero en el desempeño de la autoridad gubernamental se vuelve ilegítimo el ejercicio de un poder que ignora los límites consubstanciales al constitucionalismo reflejados en principios como es la separación e independencia de los poderes del Estado, el respeto a los derechos y libertades fundamentales, la igualdad, el imperio de la ley, la pluralidad partidaria y la alternabilidad del poder, la rendición de cuentas, entre otros.

¿Será que el triunfo electoral es una marca calcada con hierro candente que así como se imprime en el ganado resulta imborrable sin importar con cuanta satrapía, cuántos abusos y cuántas violaciones a los derechos fundamentales se concreten precisamente dirigidos a debilitar y destruir el propio sistema democrático?