Belice: En torno a una tierra en el olvido

Siglo XXI

Belice, clásico ejemplo del dilema entre principios (del derecho internacional) versus intereses (de minorías estratégicamente instaladas en la cima del poder).

El Gobierno de Guatemala (que no el de Alvaro Colom) se ha encaminado, al fin, por el rumbo correcto tras décadas de yerros y aun de traiciones, al acudir a la Corte Internacional de Justicia en la Haya para dirimir de una vez por todas su diferendo sobre tal territorio con la Gran Bretaña.

Mi ansiedad radica en si nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores se hallará  preparado para enfrentar a tan formidable adversario como el Foreign Office británico, valido ahora de las autoridades supuestamente “soberanas” de Belice, instaladas unilateralmente por ellos y por ellos no menos subvencionadas.

Todo arranca de un malhadado acuerdo en 1783 del “ilustrado” monarca, Carlos III, con su contraparte inglés, Jorge III, para permitir a la flota inglesa reabastecerse de agua y leña dentro de un perímetro de unos cuatro mil kilómetros cuadrados en el litoral septentrional de la Capitanía General de Guatemala. 

Sobrevino la independencia, luego el caos civil de las Provincias Unidas, más tarde las alternancias violentas de conservadores y liberales…  En el entretanto, el imperio de la Reina Victoria trasplantó isleños con sigilo del Caribe al enclave, y lo amplió de facto hasta abarcar ya hacia 1859 22 mil kilómetros cuadrados. 

En el entretanto, los líderes guatemaltecos porfiaban entre sí por consolidar sus respectivos  “egos” sobre porciones más anchas del poder nacional… 

La secuela de la infiltración subrepticia de los unos, y de la continua irresponsabilidad antipatriótica de los otros, es ese conflicto irresuelto de títulos de posesión que se ha prolongado sin necesidad hasta el día de hoy.

A nivel mundial sobran los precedentes.

Por ejemplo, cuando el gobierno de Nehru de India en 1961 irrumpió militarmente en el pacífico enclave portugués de Goa,  viejo de más de 400 años, la Gran Bretaña lo aplaudió, consumado el hecho, con una oportuna referencia al principio del respeto a  “la integridad territorial” (supuestamente de la India de principios del siglo XVI). 

Cuando casi 30 años más tarde el Gobierno de Argentina intentó hacer exactamente lo mismo contra el enclave británico en las Malvinas, el gobierno de Margaret Thatcher le opuso feroz resistencia, esa vez bajo el pretexto del respeto al principio de “la autodeterminación de los pueblos”. 

Tales maniobras podrían ser aplicadas algún día a los casos de Gibraltar  o del territorio vecino a Venezuela del Esequibo. 

Los gobiernos imperiales se suelen aferrar a sus usurpaciones y sólo después, mucho después, enarbolan los principios sobre los que habrán de justificar sus zarpazos. 

Inglaterra a todo lo largo del siglo XIX despojó paulatinamente a Guatemala de la mayor parte de su acceso al mar, no ya sobre la base de los 4 mil kilómetros cuadrados del inicio sino de los enteros 22 mil kilómetros desde entonces en disputa. 

Sus contrapartes fueron, tristemente, políticos guatemaltecos de variadas persuasiones,    maquiavelamente “prácticos”,  y durante demasiado tiempo otros Narcisos absortos en el culto a sus desmesurados egos.  

¿Algo nuevo? 

Sobre bases de estricta certeza jurídica, Guatemala tiene todas las de ganar. Desde perspectivas, en cambio, de pura realpolitik, como ha solido ser,  podríamos  de nuevo perder. 

La Comisión en el Ministerio de Relaciones Exteriores competente para proponer soluciones ha tendido a la improvisación cortoplacista, sin bases documentales suficientes ni dentro de los parámetros de una estrategia sostenida.

En la Universidad Marroquín, empero, desde el tiempo de la inclusión de Don Alberto Herrarte en su claustro de profesores, hemos ahondado en el tema y disponemos hoy de documentación que creo haría de la recuperación de todo Belice un fallo más que probable.