Peligrosa brecha

El Tiempo, Bogotá

Extraño país el nuestro. Apenas se supo que el referendo se había hundido y empezó a hablarse del fin de la era de Uribe, una especie de congoja se hizo sentir en todas partes, incluso entre los opositores de la reelección. Críticas, agravios e infames caricaturas se desvanecieron de pronto, para cederle el paso a un reconocimiento de todo lo conseguido en ocho años por el Presidente. La misma reacción se vio en la prensa internacional.

¿Y ahora qué? Se preguntan con algo de zozobra los colombianos. Liberada de incertidumbre, la campaña electoral que ahora se inicia obliga a los candidatos a dejar atrás sólo lemas publicitarios en torno a temas como la salud, el empleo, la pobreza y otros, para concretar programas y abordar el tema crucial de la seguridad.

No basta con agitar la fórmula litúrgica que se les escucha a algunos candidatos de continuar y mantener la seguridad democrática. Quienes se encierran en esta promesa, sin ir más lejos, parecen ignorar un hecho sumamente peligroso: a la seguridad democrática, aparentemente sólida y triunfante, se le ha abierto una peligrosa brecha que está siendo aprovechada con éxito por la guerrilla.

Existe desconcierto en los altos mandos, desmoralización en la tropa y mandos medios de las Fuerzas Militares y, como consecuencia de todo ello, un perceptible temor de entrar en combate con la guerrilla, pues cualquier baja infligida a ésta puede ser denunciada con éxito como "falso positivo". De modo que las acciones ofensivas se le están dejando sólo a la Fuerza Aérea.

¿Cuál es el origen de este mal que los medios y la opinión pública han pasado por alto? Digámoslo sin rodeos. Todo se debe al absurdo desmantelamiento de la Justicia Penal Militar.

Desconociendo abiertamente el artículo 221 de la Constitución Nacional, artículo que pone los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en manos de tribunales militares, Camilo Ospina, entonces ministro de Defensa, suscribió con el azaroso Fiscal Mario Iguarán un llamado Convenio Interadministrativo que dejó en manos de la justicia ordinaria las investigaciones y procesos contra los militares.

Con esta medida, a espaldas de la Constitución, se buscaba sin duda apaciguar a las ONG y a sectores de la opinión internacional que no confían en nuestros militares cuando juzgan a uno de los suyos. Suponen que se tapan con la misma cobija. Sólo que para enfrentar tales inquietudes, el ministro Ospina no tomó en cuenta una realidad venenosa: la justicia que tenemos en casa. Sus cientos de fiscales y jueces parcializados son los mejores alfiles de la guerra jurídica impulsada por 'Alfonso Cano'. A sus dudosos manejos se deben los tres mil militares hoy detenidos. La pérdida del Fuero Militar permite contra ellos toda suerte de atropellos e injusticias.

Este daño estuvo a punto de ser reparado cuando una joven y honesta abogada, Lorena Leal, presentó una demanda contra el convenio Ospina -Iguarán y ocurrió un milagro: el Consejo de Estado lo declaró el pasado diciembre inconstitucional. Pero hubo un recurso de reposición que deja dicho fallo en cuarentena. ¿Quién lo presentó? El ministro de Defensa, Gabriel Silva, nada menos. Los altos mandos no acaban de comprenderlo. ¿Orden del Presidente? Lo dudan. Sería increíble -dicen ellos- que un mandatario empeñado en derrotar al terrorismo insistiera en demoler un Fuero Militar reconocido por nuestra Constitución e intocable en Estados Unidos y en Europa.

Digan lo que digan, sin Fuero Militar la guerra no se gana y la derrota de las Farc se quedará en palabras. Ojo al candidato que tenga el valor de decirlo.