Venezuela: El gobierno confisca y estatiza, sus funcionarios privatizan

Correo del Caroní

El sostenido proceso de deterioro y hundimiento de Venezuela, que se inició en el gobierno de Luis Herrera Campins, y que se aceleró desde la llegada de Hugo Chávez al poder, se expresa -dirían los médicos- de manera sistémica. Dicho de otra manera, no hay un solo órgano ni una sola esfera de la vida nacional inmune al desastre, a salvo del derrumbe. Venezuela cada día se parece más a Guatemala, no por lo que podemos deducir de la fonética sino porque el Estado es un completo fracaso, porque el caos es lo más notorio de la vida pública y porque la corrupción y los delincuentes son los amos de la realidad.

Mientras el gobierno se empeña en expropiar empresas que no paga, mientras confisca a diestra y siniestra, y hace creer que está en marcha una revolución en la que el Estado, en nombre y representación de los pobres, toma posesión de bienes y servicios que estaban en manos privadas, la corrupción se extiende de manera profunda y sin límites. Los funcionarios y autoridades del gobierno chavista han privatizado la función pública.

Del empeño autocrático del gobierno por desbaratar todo vestigio de institucionalidad, del desprecio por la letra de La Ley y del irrespeto por las normas, no ha surgido ningún cambio social ni ninguna revolución. Lo que sí ha florecido es un fenómeno muy pocas veces visto en la historia de los pueblos: cada empleado público, cada funcionario, cada policía (con las excepciones del caso) ha convertido su cargo en una empresa particular en la que ellos, arbitrariamente, deciden en camino de las cosas y precio que tienen.

Sacar un pasaporte, la copia certificada de un documento, una cédula, u obtener una solvencia o una permisología de cualquier naturaleza tienen caminos paralelos que cuestan, además de las tasas y tributos legales que suben cada día, el precio adicional que la oficina y el funcionario tasan para sus bolsillos.

Cada alcabala en las calles de las ciudades y en las carreteras y autopistas del país es un centro de extorsión en el que los funcionarios “resuelven” y se redondean los sueldos. Toda la carga de víveres y de maquinaria que se mueve en Venezuela paga un tributo extra a la extorsión de funcionarios en carreteras y ciudades. Todas las policías y todos los uniformados del país han asumido -de hecho, ilegalmente- competencia en materia de tránsito, para extorsionar a los conductores en esos vestigios de la Roma Antigua que son las alcabalas fijas y en esos centros de secuestros que son las alcabalas móviles.

El “pónganme donde haiga”, que fue el grito folclórico de guerra de la corrupción adeco-copeyana, se ha quedado pálido frente esta corrupción revolucionaria. Ahora cada funcionario es una suerte de agente libre que retarda, obstruye y pone la tarifa que le da la gana a los servicios que por deber tiene que cumplir. En ese proceso interminable de corrupción infinita cada trámite y cada proceso administrativo tienen unos caminos verdes por donde las cosas caminan rápido, pero hay que pagar. En el otro camino, el legal, al que está obligado el funcionario, no se sabe, no hay tiempo, nadie garantiza resultado. Poco a poco Venezuela, antes de caer en el comunismo cubano que quieren Chávez y unos pocos de su entorno, ha caído en manos de una especie de mafia anarcoide en la que cada funcionario es su propio capo, su propia y singular “familia”.

Esa corrupción fuera de cauce, enraizada y extendida ha creado una nueva e hiriente clase de venezolanos excluidos: los que no tienen dinero para pagar la coima, la matraca, la extorsión. Millones, que eran por su pobreza venezolanos de tercera, han visto empeorar sus vidas porque cada vez tienen menos acceso a una respuesta gratuita y efectiva de los órganos públicos. El que quiera saber de frustración y maltrato que acuda sin dinero y sin el apoyo de alguien “que la mueva” -como dice el hampa- a buscar respuesta a una oficina pública cualquiera.

Venezuela es un país asquerosamente privatizado por la corrupción. La injusta realidad política y social que vive este desdichado país aguarda por una izquierda política que acceda al poder y destierre todas las formas de corrupción acumuladas durante las falsas democracias que padecimos después de 1958 y sufrimos en esta falsa revolución chavista. La justicia social y la lucha a fondo contra la pobreza son los grandes asuntos pendientes. Ambos son imposibles sin una guerra contra la corrupción y los corruptos.