Chile: Catástrofe y ADN concertacionista

La Tercera 

En cualquier país del mundo civilizado en que un terremoto deja en el suelo una vasta zona del territorio, las tropas salen a las calles en prevención del saqueo y los desmanes. En Chile no; se esperó a que los hechos sucedieran.

 ¿A que se debió la demora en tomar una decisión que era obvia, imprescindible y urgente? La respuesta parece estar en factores inherentes al ADN del conglomerado gobernante.

Por una parte, han sido gobiernos fundamentalmente comunicacionales: lo que importa no son los hechos y realidades, sino lo que se dice de ellos. La prioridad han sido las imágenes, el diseño de los argumentos y la atribución de responsabilidades, a otros por cierto. Así, la primera reacción fue a minimizar la situación, declarando que Chile puede solo y que no era tsunami, sino olas que entraron, etc. Y luego, que la culpa la tienen los militares. 

La Armada, porque no ratificó que se mantenía la alerta de maremoto, a una hora cuando éste ya había barrido con las localidades costeras. El ministro del Interior concurre al Senado y lejos de reconocer alguna responsabilidad por la inexistencia de un sistema de comunicaciones capaz de operar en los desastres y saber lo que ocurre, se la atribuye a la Fuerza Aérea, que según él no tenía disponible helicópteros para sobrevolar la zona afectada, aseveración que contradice por completo declaraciones previas del comandante en jefe de esa rama sobre la pronta disponibilidad del material aéreo, pero que no fue requerido. También hay un contraste con la forma directa con que el comandante el jefe de la Armada asume la parte de responsabilidad institucional que le compete. 

Finalmente, fuentes de La Moneda señalan que el Ejército recomendó no declarar el toque de queda, porque no había en la zona efectivos suficientes para hacer practicable la medida, obviando que entonces era más urgente adoptar las decisiones por el tiempo que tomaría el traslado del personal faltante desde otras ciudades, como más tarde se hizo.

Es posible que las instituciones de la Defensa hayan cometido errores, pero este país tiene un gobierno, al que compete la responsabilidad última que los sistemas existan y funcionen, que las decisiones se adopten y que los resultados se obtengan. Y una vez más nadie asumirá la responsabilidad política por los desaciertos.

 El segundo factor tiene que ver con la obsesión autorreferente de los derechos humanos. El ministro Bitar nos ilustra: "para una coalición que… luchó contra la dictadura, la idea de tener militares en la calle no fue fácil". Entonces, si algo trae malos recuerdos se descarta, e importa poco lo que el sentido común indica y los deberes que se tienen frente a la ciudadanía; sin mencionar que ya han transcurrido 20 años y la explicación resulta algo gastada. Además, la cuestión de la violación de los derechos humanos carga desde su origen con un sesgo distorsionador: sólo la cometen los agentes del Estado. Resulta entonces que si  personas desamparadas producto de un sismo son atacadas por turbas de saqueadores, allí no hay un problema de derechos humanos, pero cuando un policía dispara a los atacantes para intentar controlarlos, sí que lo hay. Los incentivos para robar y para no ejercer control son  manifiestos.

 Suerte que tiene Chile que justo después de ser asolado por un gran terremoto, asume un nuevo gobierno cuyos personeros parecen exhibir en el ADN la tendencia a hacer cosas y a exigir resultados efectivos, y no a llenarse de explicaciones y echarles la culpa a los demás.

El autor es Director de Estudios Jurídicos Libertad y Desarrollo.