Los Zapatas del futuro

El Universo

La semana pasada comenté la frivolidad de gran parte de los líderes latinoamericanos frente a la muerte de Orlando Zapata en manos del régimen cubano. Mientras se reunían los mandatarios en Cancún, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano que forma parte de la OEA, hizo público un reporte acerca de la situación en Venezuela.

Según este reporte, en los últimos cinco años 2.240 personas han sido sometidas a procesos penales por participar en manifestaciones. 251 personas fueron detenidas solamente en mayo del 2007 por manifestarse en contra de la clausura de RCTV (entre ellos 30 niños y adolescentes). No debería sorprender que esto suceda en un país donde el Presidente dice por televisión al Ministro del Interior “écheles gas y disuelva cualquier guarimba, no podemos comenzar mostrando debilidad como gobierno” (17 de enero del 2009).

El reporte describe una situación preocupante de la Función Judicial. Más del 50% de los jueces en Venezuela no gozan de ninguna estabilidad en su cargo. Muchos son removidos días después de dar sentencias que no agradan al Gobierno. La CIDH presenta en este reporte una lista de jueces removidos arbitrariamente y por razones políticas. Por ejemplo, el 10 de diciembre del 2009, Eligio Cedeño –cuya prisión preventiva había sido considerada como “arbitraria” por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas– recibió de la jueza María Lourdes Afiuni un fallo que reemplazaba su prisión preventiva con un juicio en libertad. Horas después, funcionarios de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención se llevaron detenida a la jueza. ¿Qué dijo el presidente Chávez de esto? “Yo exijo dureza contra esa jueza… Habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso. Treinta años de prisión pido yo a nombre de la dignidad del país”.

El informe de la CIDH también se refiere a la disminuida Función Legislativa. En él se documenta que en los diez años de gobierno de Hugo Chávez el gobierno ha emitido 167 decretos leyes, mientras que entre 1961 y 1998 se promulgaron 172. Solo entre 2007 y 2008 el presidente dictó 67 decretos leyes, mientras que el Legislativo, en el mismo periodo, emitió 25 leyes. “73% de las leyes dictadas entre 2007 y 2008 fue redactado por el Poder Ejecutivo y 27% por el poder Legislativo”. No sería una exageración decir que la Asamblea Nacional de Venezuela está ahí para cumplir con una mera formalidad de apariencias.

La Carta Democrática Interamericana reconoce que la separación e independencia de poderes es uno de los “elementos esenciales de la democracia representativa”. El reporte cuenta la historia de cómo cuando se erosiona la independencia de poderes se terminan cometiendo graves violaciones de derechos humanos. Esa erosión ya ha sucedido en Ecuador con el apoyo de una mayoría electoral y el silencio de la comunidad internacional. Los líderes latinoamericanos no deberían esperar a que se repita la historia de Zapata en Venezuela o en cualquier otra parte para empezar a denunciar firmemente estos atropellos.