Los datos del censo: No tan confidenciales después de todo

El Instituto Independiente

La actual campaña publicitaria de 350 millones de dólares para el Censo de 2010, incluidos los tan vilipendiados avisos televisivos de 2,5 millones de dólares exhibidos durante el último Super Bowl, insta a los individuos a que “cuenten su historia”. La Oficina del Censo se encuentra particularmente deseosa de que las minorías y los inmigrantes ilegales lo hagan, ya que se considera que tradicionalmente quedan omitidos del conteo.

No obstante, el incumplimiento generalizado, especialmente entre aquellos más propensos a ser discriminados por una mayoría, no puede basarse estrictamente en la “ignorancia”, a la cual se intenta doblegar a través de los anuncios. La historia—incluida la historia más reciente—demuestra que la información proporcionada por usted al censo puede ser utilizada en su contra.

Los ejemplos más recientes ocurrieron en 2002 y 2003, cuando la Oficina del Censo cedió al Departamento de Seguridad Nacional la información que había recolectado sobre los árabes-estadounidenses.

Datos del Censo de 1940 fueron utilizados para recluir a los japoneses, italianos y alemanes-estadounidenses tras el ingreso de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y para vigilar y perseguir a otros que escaparon del confinamiento. Además de proporcionar información geográfica al Departamento de Guerra, la Oficina del Censo reveló el nombre, la dirección, la edad, el sexo, la condición de ciudadanía y la ocupación de los japoneses-estadounidenses en el área de Washington, DC al Departamento del Tesoro en respuesta a una amenaza no especificada contra el Presidente Franklin Roosevelt en 1943.

Es muy posible que existan otros ejemplos de uso compartido de estos datos respecto de los cuales permanecemos ajenos, dado que la extensión total de la información personal revelada durante la Segunda Guerra Mundial sólo ha salido a la luz recientemente.

De este modo, mientras la Oficina del Censo nos asegura que “su confidencialidad está protegida” y que “El Título 13 exige a la Oficina del Censo mantener toda la información sobre usted y todos los demás encuestados estrictamente confidencial”, estas excepciones niegan tales garantías. Por supuesto, la revelación de los datos “estrictamente confidenciales” también fue perfectamente legal: durante la Segunda Guerra Mundial, en los términos de la Segunda Ley de Poderes de Guerra, y más recientemente, conforme la Ley Patriota de los EE.UU., actualmente prorrogada por la administración Obama.

En preparación para el censo de este año, 140.000 trabajadores fueron contratados para recoger lecturas de GPS de cada puerta de entrada de la nación. Tal meticulosa precisión ciertamente simplificará el proceso de localización de cualquier individuo o grupo que pueda ser identificado como una amenaza para la “seguridad nacional” en el futuro. Recuérdese, por ejemplo, el Informe del Senado de 1976 en el cual 26.000 estadounidenses fueron señalados para ser objeto de una redada del FBI en caso de una emergencia nacional a la altura de la Guerra Fría. Ahora que el listado de los sospechosos de terroristas del gobierno de los EE.UU. ha superado el millón, los datos adquiridos a través de los GPS podrían ser útiles en el cumplimiento de una redada así.

Mientras tanto, los datos también son compartidos de una forma un tanto más amplia que la anunciada. La Stanford University se unió recientemente UC Berkeley, Duke, la University of Michigan, la UCLA, y otros para tener su propio centro de datos del censo. Como lo explicó el director del nuevo centro: “La Oficina del Censo está muy interesada en hacer que los centros sean más accesibles a los académicos para que puedan utilizar los datos que ellos proporcionan”.

Tal como Henry Brady, decano de la Escuela Goldman de Políticas Públicas en la UC Berkeley y principal investigador de los Centros de Investigación de los Datos del Censo de California amablemente agregó: “Estamos tratando de crear centros allí donde muchas agencias federales nos dejarán utilizar sus datos”.

Mientras se reiteran las garantías de que los datos serán mantenidos bajo la seguridad más estricta, y que sólo serán utilizados para proyectos inocuos como "programas gubernamentales y soluciones a nuestros problemas”, ¿realmente queremos que los académicos actúen como ingenieros sociales para pergeñar soluciones políticas basados en información personal sensible? Después de todo, pueden que no resulten más deseables que las “soluciones” proporcionadas por programas gubernamentales como el confinamiento y el sometimiento. Sin la protección concedida por un derecho a la privacidad, hay pocas posibilidades de escapar de una voluntad política de aplicar políticas discriminatorias.

Esta “expansión de la misión” para el Censo se da de bruces contra un nivel de malestar que ninguna cantidad de dinero en publicidad posiblemente pueda mitigar. Muchos no dudarán en seguir el consejo del ex líder de la mayoría en el Senado Trent Lott de eludir cualquier pregunta del censo que sienta que viola su privacidad—que bien puede incluir a cualquiera de ellas que exceda el mandato de la Constitución de una “real enumeración”. Desdichadamente, preferir la privacidad ahora cuesta más: la legislación recientemente sancionada eleva la multa para “cualquier persona mayor de 18 años de edad que se niegue u omita deliberadamente completar el cuestionario o responder a las preguntas formuladas por los censistas” de un límite de 100 a 5.000 dólares—un hecho no publicitado ni siquiera en la letra chica.

Traducido por Gabriel Gasave

Mary L. G. Theroux es Vicepresidente de The Independent Institute y miembro de la Junta Consultiva Nacional y de la Ciudad de San Francisco del Ejército de Salvación. Es también ex Presidente de las Juntas Consultivas del Ejército de Salvación de San Francisco.