Los líos fronterizos de Nicaragua

El Heraldo, Tegucigalpa

De nuevo se han reactivado las centenarias disputas que mantienen desde el siglo XIX el Reino Unido y Argentina por la soberanía de las islas Malvinas, litigio que en la década del ochenta del siglo pasado desencadenó un enfrentamiento militar entre los dos países que terminó con una humillante rendición de las Fuerzas militares argentinas. Ahora, nuevamente argentinos y británicos viven momentos de fuertes tensiones diplomáticas por las exploraciones petroleras que autorizó el gobierno británico en las inmediaciones de las islas en disputa.

De hecho, es un enfrentamiento que no se ha reactivado exclusivamente por las exploraciones petroleras, sino por una serie de líos políticos internos que afronta el gobierno de Argentina y utiliza este diferendo como los hicieron los militares en los años ochenta para sacudirse de las críticas.

Pese a que los argentinos tienen probados derechos jurisdiccionales sobre dichas islas que están a más de 14 mil kilómetros de las costas del Reino Unido, Londres sigue aferrado en defender un enclave colonial que considera clave y determinante para sus intereses geoestratégicos en el cono sur.

Tema que ocupó buena parte de la agenda de los mandatarios latinoamericanos y del Caribe en la pasada cumbre del Grupo de Río, en Cancún, México, y que concluyó con una declaración de respaldo a las reclamaciones de Argentina. Sin embargo, aquellas tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Londres están siendo utilizadas mediáticamente por algunos mandatarios latinoamericanos para hacer populismo, entre ellos el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, quien volvió a recalentar el debate sobre el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua. Un asunto que empleó hace tres años para distraer la atención de los nicaragüenses sobre los problemas de gobernabilidad internos cuando en víspera de una reunión del Plan Puebla Panamá, en México, acusó a Colombia de estar armando alianzas con Honduras y Costa Rica para despojar de dominios territoriales a Nicaragua.

De manera que el presidente Ortega está utilizando, en este caso, un libreto casi calcado para señalar que el Tratado de Delimitación entre Honduras y Colombia, firmado en 1986, "lesiona los derechos soberanos de Nicaragua en el mar Caribe, al pretender imponer a nuestro país, límites unilaterales y arbitrarios, a través de un reconocimiento recíproco de Honduras y Colombia de sus pretensiones en el Mar Caribe, en perjuicio de los derechos territoriales de Nicaragua".

Por ende, el gobierno de Ortega alega que el lío surge a raíz de las pretensiones de Honduras de querer fijar la frontera marítima entre los tres países en el mar Caribe, en la línea del paralelo 14°59’08". Lo claro en todo esto es a que el presidente Ortega desde que asumió el poder se ha dedicado a atizar disputas limítrofes con los países vecinos como una estrategia política para cohesionar respaldo interno. Y es por eso que, a pesar que hace un año la Corte de La Haya en una decisión salomónica dirimió el pleito territorial y marítimo con Honduras, otorgando dominios sobre cuatro islas y reconociéndole a Managua sobre 130,000 kilómetros cuadrados pero, aún el gobierno de Ortega continúa sigilosamente alimentando malentendidos fronterizos con los hondureños.

Igualmente ha pretendido desconocer la validez del Tratado Esguerra- Bárcenas, suscrito entre su país y Colombia, que fijó la línea fronteriza en 1928, y por medio del cual Nicaragua reconoció como territorio colombiano el archipiélago de San Andrés. Así como Colombia aceptó los dominios de Managua sobre la costa de Mosquitos y las islas de Mangles, Corn Island y Littie Corn Island. Un deslinde que fue discutido durante más de una década por las delegaciones colombo-nicaragüenses y que finalizó con la firma y ratificación del mencionado tratado.

Lo insólito es que en 1980, 52 años después, en una decisión calificada de inaudita la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, decidió declarar "la nulidad e invalidez del tratado", alegando que en aquel momento su país estaba bajo la ocupación norteamericana y, que desde luego, el arreglo fue producto de una imposición de Estados Unidos. De acuerdo con la tesis de Managua, fue un acuerdo firmado bajo aquellas circunstancias carece de validez jurídica. Por ende, eso lo que indica es que de prosperar los argumentos de Nicaragua, todos los tratados firmados por los gobiernos nicaragüenses entre 1916 y 1930 quedarían sin ningún tipo de validez.