Argentina: Las apropiaciones no terminarán en las reservas

La Nación

Hay un pequeño grupo de empresarios que dice haber escuchado de boca de Cristina Fernández de Kirchner que el impuesto al cheque es el límite. ¿Qué habrá querido decir con eso? Porque para el matrimonio presidencial todas las diferencias derivan en batallas a todo o nada. Pero no son pocos los que están seguros de que si los Kirchner no pueden seguir manejando el poder del modo atropellador y hegemónico, prefieren irse y decir que se hizo contra ellos un golpe civil como el que derrocó a Manuel Zelaya en Honduras.

Las provincias están ávidas de fondos. El esquema nacional aumentó enormemente la presión de retenciones, no sólo al campo, sino también a la industria y a los sectores petrolero y minero. Las retenciones reducen las utilidades de las compañías, de modo que pagan menos por el impuesto a la ganancias, que se distribuye con las provincias de un modo automático. Es decir, dejan de recibir recursos que llegan sin tener que hacer gestión alguna y pasan a depender de la buena relación o la sumisión al Ejecutivo nacional. ¿Cuánto dinero se quedarían las provincias si coparticipan la totalidad del impuesto al cheque? Nadin Argañaraz, del Iaraf, calcula que serían unos $ 8200 millones anuales.

Eso si no se modifica el kafkiano esquema con que se reparten los recursos coparticipables. En primer lugar, hoy de la masa bruta coparticipable se detrae el 15% para enviarlo a la Anses. Es así por un pacto de 1992 que dispuso destinar esa masa para financiar el déficit que generaría la transición que importaría el régimen de capitalización. Si de la totalidad del impuesto al cheque se detrajera primero 15% y luego se dedicara el resto a distribuirlo entre la Nación y las provincias, los estados del interior obtendrían los mencionados 8200 millones que dejarían de recibir el conjunto Anses y Tesoro nacional. Si no se respetara ese pacto y todo se redistribuyera, el bloque Anses y Tesoro perdería unos 10.000 millones.

¿Sufriría la Nación un agujero fiscal insoportable, como planteó Cristina Kirchner? No parece. Por dos razones. La primera es que el agujero hoy existe y está en las provincias. La situación fiscal del conjunto nacional no cambiaría nada. Además, los Kirchner podrían fácilmente reducir las sumas de otras transferencias discrecionales en idéntico monto y compensar las cosas. Para este año esa clase de envíos de recursos podrían sumar 40.000 millones. Sólo tendrían que reducir, en el peor de los casos, un 25% y las cuentas quedarían igual que antes.

Claro que el problema sería político. Los Kirchner tendrían como mínimo 8200 millones menos para subordinar y comprar voluntades. De todas formas, primero el proyecto debería ser transformado en ley y luego el Congreso debería poder sumar los dos tercios necesarios para rechazar el casi seguro veto total. Hay quienes creen que esto último caería por su propio peso, cuando los gobernadores opositores podrían organizar protestas y manifestaciones urgiendo a los legisladores a rechazar el veto. ¿Quién perdería la oportunidad de hacer saber a policías, trabajadores de la salud pública y maestros que están en juego recursos para pagar sus salarios? ¿Podrían los oficialistas no plegarse? ¿Será ése el "límite" que no quiere alcanzar la Presidenta? Sólo el desgaste de semejante batalla sería tremendo, ni hablar de lo catastrófico que significaría perderla.

Tras las malas, las peores

Pueden pensarse que es, a fin de cuentas, por pura política que la Presidenta, esta vez en público, haya llamado a no tocar la distribución de dinero en un discurso crispado como en los peores tiempos del debate por las retenciones móviles al campo.

Pero puede que el dramatismo de sus palabras en la cooperativa de envases plásticos de Mataderos haya tenido que ver con otras necesidades fiscales y con otros desafíos que llegan del interior. El de la provincia de Santa Fe, que sostiene que el pacto fiscal de 1992 que destinó a la Anses el 15% de la recaudación bruta coparticipable es el ejemplo paradigmático. Esas sumas, como se dijo, debían financiar la transición al sistema de capitalización. Las cuentas públicas un día se verían aliviadas, cuando madurara el sistema mixto de jubilación con componente privado, pero al principio aumentaría el déficit previsional. No era un pacto para toda la eternidad.

Los Kirchner volvieron a estatizar el sistema y el Estado confiscó los ahorros acumulados. El superávit de la Anses, del que suele presumir el Gobierno, existe en gran medida por un sacrificio de las jurisdicciones provinciales, que hoy parece no tener sentido. Además Santa Fe dice que ese pacto está vencido y que la propia provincia no lo renovó, de manera que se le han estado reteniendo recursos en forma indebida. Quiere el fin de la retención y la devolución de lo que considera que le adeudan.

El ministro Amado Boudou no fue a la audiencia en la Corte Suprema, pero la abogada subalterna que envió lo dijo claramente: si esos fondos no van más a la Anses, el sistema de pagos de jubilaciones y beneficios sociales entrará en cesación de pagos.

La causa no es sólo que la caja previsional se quedaría con muchos menos recursos, sino que los Kirchner han comprometido gastos de manera que no parece responsable. La Anses tiene que pagar la asignación universal por hijo y el aumento de las asignaciones familiares, además de más de un millón de jubilados por medio de moratorias que en muchísimos casos jamás aportaron. Muchos de ellos, incluso, ya cobraban beneficios y consiguieron otros. Y no faltan los que tienen abultados patrimonios a su nombre o de sus cónyuges e igual recibieron el beneficio, que ahora hay que seguir pagando.

El resultado está a la vista. Con un ritmo de aumento del gasto que ronda todos los meses el 25% respecto del mismo del año anterior, ni siquiera el buen aumento de la recaudación de impuestos alcanza para evitar el déficit financiero. La cuenta queda en rojo después de pagar la deuda. En febrero último y pese a que se le capturaron casi 1600 millones de pesos al Banco Central, no hubo suficiente dinero para pagar los intereses de la deuda. Y el superávit primario, antes de pagar los intereses, fue exiguo. A este paso, calcula Argañaraz en el Iaraf, el superávit primario se terminará este año y habrá un déficit de unos 8000 millones de pesos, incluso aunque se capturen las reservas.

Hay reclamos similares al de Santa Fe realizados, por ejemplo, por Córdoba y Chubut. La disputa por el reparto del impuesto al cheque esconde la situación de fondo, que trae las peores noticias. La situación fiscal, a nivel nacional, ha dejado de ser tranquilizadora. Las jurisdicciones del interior también reclaman una deuda de unos 9000 millones de pesos por Anticipos del Tesoro Nacional (ATN) que no les han pagado desde 2003 y que les corresponden. Además quieren reducir el aporte que hacen para sostener a la AFIP. La peor de todas las noticias es que, incluso aunque logre capturar las reservas del Central, los Kirchner deberán ir por otras cajas.