Uruguay: ¿Se podrá con esta ley?

El País, Montevideo

La reciente ley de educación, como se sabe, nació casi huérfana. El Codicen oficialista estaba en contra porque advertía, con razón, que se recortaba su poder institucional de decisión, condicionado por una nube de Consejos Asesores. Las gremiales, curiosamente, también se quejaban en nombre de las viejas autonomías de las ramas y porque, habiéndoseles prometido la totalidad del poder administrador en la materia, se les había dado solamente algo así como el setenta por ciento. La oposición cuestionaba justamente este desplazamiento del poder público en beneficio de corporaciones gremiales que, lejos de representar el interés general, son grupos de presión para la defensa de intereses particulares.

Felizmente, en esta confusa elección de miembros del Codicen, aparecieron fuerzas democráticas que enfrentaron a las gremiales notoriamente frentistas y alcanzaron una representación muy significativa. Aún no se ha definido si logran un miembro en el Codicen, lo que sería excelente porque esas fuerzas se definen representantes de "los docentes" -como dice la ley- y no de los gremios, como lo hacen quienes obtuvieron la mayoría relativa.

Cualquiera sea la definición final, de todos modos, no se cambia el balance del poder, monopolizado hoy por las corporaciones afines a los grupos radicales del Frente Amplio. Y cuando decimos "radicales" no estamos hablando de revolucionarios sino de lo contrario: de espíritus conservadores que no aceptan que nuestra educación se ha atrasado en calidad, que no reconocen ningún control de calidad internacional, que no admiten que la educación pueda relacionarse con el trabajo y las oportunidades de los jóvenes.

Es más, se indignan con el Banco Mundial porque osó afirmar lo que ha dicho incluso el Vicepresidente Astori: que la inversión realizada no ha producido los resultados esperados. Ahora mismo, durante el reciente proceso electoral, ni siquiera aceptaron debatir y su propuesta actual se encierra en el reclamo presupuestal de un 6% del PIB. Estos grupos son los mismos que se sublevaban, con violencia, contra la reforma del gobierno colorado de 1995, que impulsamos entonces junto al Prof. Rama y que hoy es reconocida en aspectos fundamentales por el Presidente Mujica.

La cuestión es que, conforme a la nueva ley, dos miembros del Codicen son electivos y sólo tres oficiales, de los cuales se supone que le correspondería uno -uno solo- a la oposición. Con el agravante de que, para la designación de los Consejos de las ramas, donde un miembro será gremial y los otros dos oficiales, se requieren cuatro votos del Codicen, lo que impone contar con por lo menos un delegado gremial.

En 1972, el poder público reconquisto la conducción de una enseñanza que estaba en manos de las gremiales de docentes, responsables de su ingobernabilidad. La desdichada ley vigente les restituye ese poder de un modo insólito, como no lo hace nadie en el mundo civilizado.

Del punto de vista de los partidos opositores, que desean colaborar en el espíritu reformista, se está en una posición aún peor que en el anterior gobierno en que se nos ofrecía un miembro en el Codicen y uno en cada rama. Por exiguo, no se aceptó, y el Partido Colorado se retiró de toda negociación estableciendo que si no tenía representación en la educación, no le interesaba ningún otro cargo. Ahora, se habla de solamente un miembro en el Codicen, o sea algo aún peor.

Para colmo de males, según la prensa, el candidato oficialista a la Presidencia del Codicen sería el Decano de Humanidades, adverso a los institutos de formación docente y partidario de arrastrar todo ese sector a la Universidad. O sea, contaminar el Codicen con la mentalidad obsoleta de una Universidad que sigue en lucha contra la globalización y la economía de mercado, al pie de la creencia de que su misión en el mundo es formar espíritus contestatarios y no profesionales para el sistema que constitucionalmente existe en el país.

Todo esto lleva a la conclusión de que, si no se arbitra alguna solución, los buenos propósitos del Presidente quedarán en eso. Se nos ocurre que añadir dos cargos oficiales al Codicen, y llevarlo a siete miembros, podría ser un modo de recuperar en algo la gobernabilidad del sistema para quienes, electos por el pueblo, ejercen la representación democrática del gobierno y la oposición. No es ninguna panacea pero permitiría, por lo menos, pensar en que las colectividades políticas, representativas de la ciudadanía, puedan incidir en la primera responsabilidad social del Estado, que es educar a su gente.