Hacia una criminalización de las opiniones

La Nación

Primero la batalla fue contra los medios de comunicación opositores. Ahora, cuando en Venezuela prácticamente no quedan radios ni canales con voces críticas, el gobierno de Hugo Chávez ha dado un paso más al "judicializar" las opiniones.

Las últimas víctimas de esta nueva modalidad con que el gobierno venezolano persigue a sus adversarios son el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, y el ex candidato presidencial Oswaldo Alvarez Paz. ¿Sus delitos? Criticar abiertamente al gobierno de un país castigado por la delincuencia, la inflación, la pobreza y los cortes de energía.

"Lo que ha ocurrido con Zuloaga y Alvarez Paz refleja un tremendo miedo, pero no del miedo que el gobierno está tratando de imponerle a la oposición. Se trata del miedo que siente el propio gobierno por el desencanto que hay en la opinión pública, por lo que dicen las encuestas de cara a las elecciones que deberían realizarse en septiembre", dijo a LA NACION Héctor Faúndes, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela.

El proyecto bolivariano enfrenta un examen crucial en los comicios legislativos previstos para septiembre. El oficialismo tiene por ahora un control absoluto de la Asamblea Nacional, porque la oposición no presentó candidatos en las últimas elecciones legislativas en señal de protesta.

Esta vez la oposición no parece dispuesta a cometer el mismo error, y todo parece indicar que a Chávez no le será fácil mantener su hegemonía legislativa. Esto inquieta a un régimen desgastado por el paso de los años y que ha sufrido por la caída del precio internacional del petróleo como consecuencia de la crisis financiera.

Esa preocupación se ha reflejado primero en la nueva embestida contra los medios de comunicación opositores al régimen. Y ahora que casi no quedan canales ni radios por perseguir, con lo que los analistas coinciden en llamar una "criminalización de la opinión".

Hasta comienzos de este año, Radio Caracas Televisión (RCTV) y Globovisión eran los únicos dos canales privados que se animaban a criticar las políticas del gobierno.

En enero pasado, el cierre de RCTV, el único canal de aire opositor con alcance nacional, desató una airada ola de protestas. Desde entonces, Globovisión, un canal que por aire sólo puede verse en el área metropolitana de Caracas, ha resistido como el último espacio crítico del gobierno. Pero la presión contra su presidente, que fue detenido ayer durante varias horas, puede significar una herida que podría anticiparle la misma suerte que RCTV.

"Si llegara a cerrar Globovisión, o si sufriera un eventual cambio editorial, un inmenso sector social quedaría aislado, sin un medio que transmita las opiniones que esa parte de la opinión pública busca. Y habría también un cierto desamparo para la oposición política, que no tendría ningún medio radioeléctrico en el cual refugiarse, en el cual difundir proyectos políticos alternativos", opinó Faúndes.

Hay quienes calculan que el Estado venezolano es propietario de unos 200 medios de comunicación, entre radios y canales de televisión. Todos ellos, desde ya, afines a la revolución bolivariana. Es en este contexto de virtual monopolio comunicacional que el régimen, no contento con los cierres, ahora directamente persigue judicialmente a sus críticos.

"Se está criminalizando la opinión, se está utilizando el aparato jurídico venezolano para perseguir a quienes tengan una visión diferente de la que tiene el gobierno", dijo a LA NACION Omar Noria, profesor de Teoría Política de la Universidad Simón Bolívar. "Estamos frente a un borde jurídico que es limítrofe entre lo que ellos [el gobierno] consideran que es la información no veraz y la opinión", añadió Noria.

En ese sentido, las penas por el delito de "vilipendio", por el que ha sido acusado Zuloaga, se han reforzado en una reciente reforma del código penal, que ha dado más herramientas al gobierno para acallar las voces incómodas.

"La persecución penal no puede ser el mecanismo para solucionar y resolver las dificultades que puedan estar derivando del uso de este derecho [de opinión]. Es a través de la réplica y la rectificación, porque lo otro es reprimir el debate", manifestó, en tanto, Carlos Correa, presidente de Espacio Público, una ONG venezolana independiente que promueve la libertad de expresión.