La libertad individual reprimida

El Nuevo Herald

En casi toda América y Europa Occidental se vive una nueva era de crecimiento del intervencionismo gubernamental y de la burocracia. El déficit del gobierno de Estados Unidos aumentó de 3 por ciento del PIB en el último año del gobierno de G. W. Bush a más de 10 por ciento hoy.

Los líderes políticos ganan popularidad entre los grupos receptores de nuevos privilegios, mientras que todos los demás pagamos por esos privilegios con más impuestos, mayor inflación o con una combinación de ambos males. La caída del poder adquisitivo de las monedas es la vía escogida por muchos políticos porque los votantes no suelen culparlos de eso y porque parte del costo se traslada a la próxima generación. Como nos lo explicó brillantemente Milton Friedman, la inflación es un impuesto escondido.

Un aspecto grave del problema es que en la medida que aumenta la burocracia menos conexión existe entre los ciudadanos y el gobernante. Esto tiende a perjudicar a la mayoría, pero favorece a ciertos y determinados grupos que pagan por los servicios de cabilderos, encargados de influenciar tanto las decisiones burocráticas como la redacción de nuevos reglamentos y leyes que se discuten en los concejos municipales, las legislaturas estatales y en el Congreso nacional. En la medida en que se multiplican las leyes, las ordenanzas, las licencias, los reglamentos y los permisos, queda más expuesto el ciudadano porque resulta imposible conocer y llegar a comprender toda esa maraña de disposiciones legales que coartan la libertad individual.

El lamentable resultado es que los dueños y gerentes de grandes empresas pronto se dan cuenta de que más provechoso les resulta ganarse la buena voluntad del burócrata, del alcalde o del congresista que complacer al consumidor. Entonces, esos estrechos lazos de amistad con los poderosos suelen reducir la competencia en el mercado y a desanimar la aparición de nuevas empresas en determinados ramos, donde impera la pesada mano del burócrata.

laro que los políticos desarrollan múltiples excusas y tapujos para que la gente no se dé cuenta de lo que realmente está pasando. La protección arancelaria de ciertas industrias se presenta como un beneficio para toda la nación, cuando lo que logra es una desacertada utilización de inversiones y mano de obra en sectores que sobreviven por el precio más alto que los consumidores se ven obligados a pagar por sus productos y servicios.

En ese ambiente, la competencia no ocurre entre productores o suplidores de servicios similares, sino entre distintas burocracias. Un ejemplo de ese conflicto se nota en algunas instituciones públicas, como aquellas dedicadas a proteger los bosques y el medioambiente versus otras cuya función es promover el desarrollo de fuentes de energía.

Albert V. Dicey, el primer profesor de derecho en London School of Economics, mantenía hace 100 años que «los efectos beneficiosos de la intervención estatal son directos, inmediatos y podríamos decir que visibles, mientras que sus efectos perversos son graduales e indirectos, y no alcanzamos a verlos''.

Lamentablemente, muchos de nuestros legisladores se han convertido progresiva y gradualmente en obispos de una extraña religión que a cada rato añade nuevos pecados a su lista de prohibiciones.

Director de la agencia AIPE.

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