El Salvador: Buses brasileños: al ritmo de «Você abusou»

La inquietud surge porque durante la reciente visita del presidente Lula se hizo pública la posibilidad de importar de Brasil unos 3,000 buses, por un total de varios cientos de millones de dólares, en una operación que tendría financiamiento a tasas aparentemente preferenciales.

Muchos países promueven de esa forma sus exportaciones: los Estados Unidos con el Ex-Im Bank, Japón con el Japan Bank for International Cooperation (JBIC), y Brasil con el banco BNDES. Hasta aquí nada nuevo. Quizás tampoco nada bueno. Porque la garantía del préstamo brasileño sería otorgada por el Estado salvadoreño.

¿Por qué un empresario privado debería goza de garantías estatales?, ¿por el hecho de prestar un servicio público con tarifas reguladas? No es serio ni justo que una empresa privada, que conoce sus costos y puede proyectar sus ingresos, tenga la prebenda de contar al Estado como garante. En todo caso cabría cuestionarse si tiene sentido que el servicio esté privatizado.

Sería la nueva versión de una vieja historia. La de privatizar ganancias y socializar pérdidas. El típico engendro pseudo-capitalista que conocemos los latinoamericanos y que tanto recelo siempre ha generado en contra del capitalismo. Un recelo que lamentablemente han sabido aprovechar los populistas de turno.

En el análisis de proyectos de inversión es usual distinguir los que son de naturaleza privada, cuya evaluación se centra en la rentabilidad de los inversionistas, de los que son de naturaleza social, cuyo impacto en el bienestar y la economía de la población reviste especial importancia.

Un ejemplo del primer caso sería la decisión de una empresa privada de renovar su flota de camiones para el reparto de mercaderías. Dado que los inversionistas no tienen quien les pague las cuotas ni les garantice el crédito, el análisis debe contemplar la relación costo/beneficio de la inversión: gastarán menos dinero en mantenimiento, tendrán una mejor imagen ante sus clientes, aumentarán su escudo fiscal por las nuevas amortizaciones, pero deberán hacer un desembolso inicial y comprometerse a pagar una mensualidad. Los números hablarán.

Por su parte, en los proyectos de naturaleza social también deberán ser los números quienes hablen, contrariamente a lo que pontifican quienes, quizás por fumar sustancias prohibidas, creen vivir en el limbo de la abundancia infinita.

Por definición, todos los proyectos en que está involucrado el Estado son de naturaleza social, donde la existencia de tarifas reguladas y de subsidios aumenta la complejidad del análisis. Pero no es imposible de resolver. En otros países se hace. Y muy bien.

Para comenzar deben responderse las siguientes preguntas: ¿Cuántas personas dejarían su auto en la casa de contar con un adecuado servicio de buses?, ¿cuánto ahorrarían por mes?, ¿en cuánto se reduciría la congestión vehicular?, ¿en cuánto la polución ambiental?, ¿en cuánto la tasa de accidentes?

Asimismo, ¿en cuánto aumentarían los ingresos de las empresas de transporte por esos nuevos pasajeros?, ¿seguirán necesitando el subsidio?, ¿los 10 centavos del COTRANS también?, ¿qué inversión requieren las tarjetas prepagas?, ¿por qué no canalizar el subsidio a través del pasajero? Todo con papel y lápiz.

La antigüedad de los buses es un problema. Pero mucho peor es la estructura de un sistema fallido, que produce inseguridad, incentivos perversos para captar pasajeros, corrupción y tráfico de influencias.

Para jugar un partido de fútbol es más importante delimitar la cancha y poner los arcos que comprar una pelota nueva. El camino opuesto pronto nos haría tararear "Você abusou". No por el brasileño que vendió el bus, sino por el salvadoreño que no lo pagó.

El origen geográfico de la propuesta no es el problema. Pero tampoco tiene relación alguna con la solución. El problema es otro. Y la solución también.

Hasta la próxima.

El autor es Ingeniero,  Máster en Economía (ESEADE, Buenos Aires) y columnista de El Diario de Hoy.