El caso Alvarez Paz

Correo de Caroní

No sorprende la entereza y dignidad con que Oswaldo Álvarez Paz ha encarado la persecución político-judicial en su contra. Se trata de un dirigente político de primera línea, con una dilatada hoja de servicios al país, y comprometido hasta la raíz en la defensa de la cultura democrática de Venezuela. Esta hora tan difícil de su vida puede ser también propicia para que las nuevas generaciones conozcan el temple de un líder de su valía.

Oswaldo está siendo perseguido por el “delito de opinar”, es decir por ejercer su derecho constitucional a la libertad de expresión. Y basta advertir que la denuncia correspondiente provino -formalmente- del presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea, para constatarlo. Una acusación tan grave como la de conspirar o desestabilizar sería materia de política interior o defensa, pero no, el denunciador es el diputado Villalba, encargado del temario mediático-parlamentario.

Los abogados Omar Estacio y Alberto Arteaga Sánchez, el primero defensor del encausado y el segundo, reconocido maestro del Derecho Penal nacional, han abundado sobre los argumentos jurídicos a favor de Álvarez Paz y en desmérito del proceder de la Fiscalía. ¿Cómo se puede conspirar para desestabilizar a la República, por ejemplo, participando y contestando preguntas en una entrevista televisiva?

Sin ir muy lejos el ministro de Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, afirmó que el más reciente preso político del régimen debe responder “por lo que dijo”. Y el punto cardinal es ese, lo inculpan no por hacer algo en específico (requisito esencial para los supuestos de hecho de los delitos invocados), sino por manifestar opiniones y criterios en el programa Aló Ciudadano.

Pero bien se sabe que esta causa es “legal” en apariencia, porque su auténtica naturaleza está en el dominio de la política, y con la “pe” pequeña de la intimidación vengativa. Y no sólo contra Álvarez Paz, sino teniendo en mente a ese numeroso contingente de voceros que a diario participan en el debate público, expresando sus críticas, afirmando sus pareceres y reivindicando los derechos de los venezolanos, tan preteridos y violentados por las acciones y omisiones de la llamada “revolución bolivarista”.

Oswaldo Álvarez se suma a la larga lista de perseguidos políticos del señor Chávez, entre quienes se encuentran exiliados, prisioneros, acosados judicialmente y, en líneas gruesas, amenazados con la revocación de esa “libertad condicional” que envuelve a gran parte de la comunidad nacional. Ya Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, está bajo esa categoría judicial y muchos otros podrían acompañarlo por la ruta de la intimidación y condena oficialista.

Y es que las garantías constitucionales están subordinadas a la voluntad discrecional del mandamás. Y eso ya ni se disimula en el reino de la mengua y el abajamiento en que ha devenido el Estado republicano.

El caso Álvarez Paz pone en evidencia la diferencia oceánica entre un clan des-gobernante que no conoce escrúpulos para avasallar y tratar de mantenerse en el poder, y la fuerza tranquila de un demócrata verdadero que, con sus aciertos y errores, tiene un historial limpio que defender en las buenas y en las malas. ¡Valor Oswaldo!, que el conjunto del país te acompaña solidario en espera de tu libertad.