AI: Venezuela intenta «silenciar la disidencia»

BBC Mundo

Washington. -Amnistía Internacional (AI) acusó al gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, de usar el sistema judicial para perseguir a sus oponentes, algo que Caracas niega.

"Los cargos que se están presentando por razones políticas contra personas críticas son utilizados para silenciar la disidencia y prevenir que otros se pronuncien", afirmó en un comunicado Guadalupe Marengo, subdirectora del programa de AI para las Américas.

"Chávez tiene que dejar de perseguir a aquellos que piensan de manera diferente o que hablan en contra de su gobierno", añadió.

AI respondía así a los arrestos en marzo del ex gobernador del Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, el parlamentario Wilmer Azuaje y el de Guillermo Zuloaga, presidente del canal de noticias Globovisión al que el gobierno considera como factor de oposición.

Las autoridades venezolanas niegan que estos arrestos estén motivados por razones políticas, apuntando hace unos días en un comunicado que el arresto de Álvarez Paz, por ejemplo, se produjo "como consecuencia de una orden de arresto emitida por un tribunal por supuestos actos criminales".

Arrestos múltiples

Álvarez Paz está detenido en la sede central de los servicios de inteligencia desde el pasado 22 de marzo tras afirmar en una entrevista que Venezuela se había convertido en refugio para los narcotraficantes.

Azuaje fue arrestado tres días después acusado de insultar y golpear a un policía, cargos que él niega, aunque fue puesto en libertad con cargos.

Por su parte, el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, fue detenido ese mismo día acusado por los delitos de "divulgación de información falsa y ofensas o vilipendio" contra Chávez, y fue liberado tras pasar varias horas bajo custodia policial.

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) terció en la polémica tras expresar su "profunda preocupación" por lo que define como las "limitaciones" a la libertades en Venezuela.

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Polémica

Para la CIDH, el "telón de fondo está la situación del sistema judicial venezolano" uno de los puntos que destacó el mes pasado en su informe sobre el país, el primero que hacía desde 2003 y que provocó una fuerte reacción por parte de Caracas.

El reporte aseguraba haber identificado "aspectos que restringen el pleno goce de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos", aunque al mismo tiempo reconoció avances en aspectos sociales y económicos.

En aquella oportunidad el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, dijo a BBC Mundo que el informe era parte de una "agenda" que "busca hacernos un trajecito y eventualmente tratar de aplicarnos la Carta Democrática Interamericana".

Las relaciones entre el gobierno venezolano y la CIDH experimentan uno de sus peores momentos, con las denunciar hechas desde Caracas contra la supuesta parcialidad del organismo, al que consideran parte de la "estrategia internacional" contra la llamada revolución bolivariana.