Venezuela: La libertad asediada

El Universal

La detención de Oswaldo Álvarez Paz constituye una injustificada agresión por parte del Gobierno Nacional contra una figura pública que se ha opuesto con argumentos sólidos a las políticas oficiales. Representa, además, un nuevo atentado contra la libertad de expresión y opinión, principios consagrados en la Constitución Nacional, pero seriamente vulnerados durante los últimos años. Los delitos que se le imputan al dirigente político no serían considerados tales en una democracia que funcione plenamente. Por estas razones, hay que preguntarse ¿por qué un Gobierno que controla todas las instancias de los poderes públicos ordena la detención del ex candidato presidencial? Resulta evidente que necesita crear un clima de caos que le permita actuar con mayor impunidad. Para ello requiere atemorizar a los venezolanos. Pero, no lo logrará.

Álvarez Paz en su dilatada trayectoria ha sido un consecuente defensor de los principios democráticos y de la libertad en el más amplio sentido de la expresión. A lo largo de su vida pública como líder juvenil, parlamentario, gobernante regional, candidato presidencial, dirigente político de Copei, uno de los partidos más importantes de la nación, y luchador social, siempre ha defendido con claridad y valentía los valores del sistema democrático y los principios republicanos, basados en la independencia y autonomía de los poderes públicos y la vigencia plena del Estado de Derecho. Por eso lo persigue el Gobierno.

A través de él y, también, de Guillermo Zuloaga y Wilmer Azuaje, dos figuras públicas que en sus respectivos campos han disentido del Gobierno, el régimen busca paralizar y aterrorizar a los sectores democráticos, con el fin de provocar la autocensura, la más eficaz de las represiones. Este procedimiento resulta bastante común en los regímenes autoritarios que se ven obligados por las circunstancia a concurrir periódicamente a citas electorales.

En las naciones genuinamente democráticas, los gobiernos de turno durante los períodos que anteceden a los comicios, aunque la polémica con la oposición sea áspera, tratan de descargar la atmósfera institucional y política de esos componentes que la enrarecen. Especialmente, evitan detener o apresar dirigentes políticos, pues este constituye uno de los factores más perturbadores del ambiente. En la Venezuela actual ocurre exactamente lo opuesto: aquí se inhabilita a líderes con opción de triunfo, se condena a dirigentes por sus opiniones, se acosa a periodistas o a dueños de medios informativos con importante influencia comunicacional, se hostiga a diputados; en fin, se carga de elementos nocivos la cúpula celeste con el fin de distraer, desconcertar, sembrar el caos, atemorizar, desanimar.

Los embates contra estas figuras conocidas por el país también persigue transmitir un mensaje contundente: quien emita una opinión que deteriore la imagen nacional o internacional del Gobierno es un traidor, subversivo y conspirador, por lo tanto, su destino será un calabozo o la persecución implacable. El Presidente de la República está intentando colocar los límites dentro de los cuales debe darse la contienda electoral de las elecciones de septiembre. Nada de acusaciones que puedan perjudicar su buen nombre, y menos aún en programas televisivos de gran audiencia nacional o en reuniones fuera del país. El comportamiento de la oposición debe transcurrir como si viviésemos en una democracia perfecta, donde el Gobierno apenas comete los errores propios e inevitables de cualquier gerente que conduce una organización grande y compleja. La oposición tiene que ser modosita.

A través de Álvarez Paz, Zuloaga y Azuaje, el régimen trata de silenciar el debate electoral. Se reprime para que la crítica al Gobierno se atenúe y para que éste no luzca tan inepto e irresponsable como en realidad es. Para que problemas como el de la luz, la inseguridad personal, la inflación y el desabastecimiento, no alcancen la enorme dimensión que poseen, ni lo perjudiquen.

Si el Gobierno cree que el encarcelamiento del ex candidato presidencial y los desmanes de los que han sido objeto el presidente de Globovisión y el parlamentario, van a conducir de nuevo al error que se cometió en 2005, cuando se dejo de asistir a las urnas electorales, está muy equivocado. A la oposición no la sacará de la ruta democrática ninguna agresión, por infame que esta sea.

Todos estos desafueros contra la democracia y la libertad habrá que cobrarlos completos el 26-S.