Arizona aprueba las leyes migratorias más duras de EE.UU.
Los legisladores del estado de Arizona aprobaron el martes una de las leyes de inmigración más duras de Estados Unidos, que considerará una violación de la leyes estatales el no llevar documentación en regla en EE.UU.
La ley también concederá a la policía la potestad de detener a quien sospechen de no tener los documentos que prueben que están legalmente en el país y verificar su estatus migratorio.
El proyecto de ley aún podría ser vetado por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer. Un portavoz de Brewer dijo que la gobernadora aún no se ha pronunciado públicamente sobre la propuesta. Brewer, del Partido Republicano, se ha mostrado partidaria de leyes de inmigración más estrictas.
Bajo la medida, aprobada el martes por la Cámara baja de Arizona y previamente por el Senado estatal, exige a los ciudadanos extranjeros que lleven consigo prueba de su residencia legal en el país.
Los grupos en defensa de los inmigrantes criticaron duramente la propuesta de ley. "El objetivo es hacer la vida miserable a los inmigrantes para que abandonen el estado", dijo Chris Newman, consejero general de la asociación en defensa de los trabajadores National Day Laborer Organization Network, en Los Ángeles. "El proyecto de ley constituye un absoluto desprecio a los derechos de los ciudadanos no blancos de Arizona. Exige de hecho la discriminación mediante el uso de perfiles raciales".
El autor del proyecto de ley, Russell Pearce, se encontraba en una sesión de un comité el martes y no se puedo contactar con él, según dijo su oficina. Pearce, del Partido Republicano, representa a la ciudad de Mesa, en el condado de Maricopa, cuyo comisario de policía, Joe Arpaio, es conocido a nivel nacional por su dura política sobre inmigración. Un portavoz de Arpaio no contestó a una petición para hacer comentarios.
La propuesta de ley es diferente a una versión anterior, y proteje de procesos judiciales a la iglesia y a las organizaciones comunitarias que transporten o den refugio a inmigrantes indocumentados.
En un comunicado, el representante republicano John Kavanagh por Fountain Hills, Arizona, calificó la medida de "exhaustivo proyecto de ley de aplicación de las leyes migratorias que aborda las problemas de nuestras comunidades, electores y compañeros".
"Esta versión actualizada concede a nuestros oficiales de polícia local las herramientas que necesitan para combatir la inmigración ilegal, a la vez que protejen los derechos civiles de los ciudadanos y residentes legales".
Sin embargo, los grupos en defensa de los derechos humanos planean impugnar el proyecto de ley en los tribunales, dijo Joe Rubio, organizador jefe de Valley Interfaith Project, un grupo de ayuda de Phoenix, al que calificó de "desastre económico". Rubio añadió que "la recuperación económica de Arizona se quedará atrás frente al resto del país si seguimos ahuyentando a nuestra fuerza laboral. ¿Dónde creen los legisladores que van a encontrar trabajadores los negocios del estado?
El proyecto de ley empeora en cierta forma una situación que la administración Obama trataba de abordar. Bajo un programa conocido como 287g, algunas agencias del orden público estaban recibiendo entrenamiento para hacer cumplir las leyes comprobando el estatus migratorio de los sospechosos.
Arpaio, el comisario del condado de Maricopa, había sido uno de los más fervientes partidarios del 287g. Sin embargo, la administración Obama ha tratado de reducir el programa en los últimos meses, y había reducido los recursos disponibles para Arpaio y otras comisarías.
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