Guatemala: Reforma constitucional, ¡ya!

Siglo XXI

En relación con la reforma constitucional, particularmente de los aspectos relativos a la estructura y el sistema de justicia del país, poco importa ahora quién lo haya pensado, comentado o propuesto primero. Tampoco creo que importe mucho que en esta ocasión lo ponga sobre el tapete el Comisionado Castresana, sino que los guatemaltecos tomemos conciencia de que, efectivamente, se trata de una decisión impostergable. Bueno, si es que queremos empezar a superar la violencia y la corrupción impunes que nos ahogan. 

Como he dicho ya en dos ocasiones en este mismo espacio, si la instauración de la CICIG en Guatemala dejara como legado la realización de esa reforma constitucional, específica y concreta, yo me habría equivocado garrafalmente al haberme opuesto a la implantación de la Comisión, y me alegraría mucho haberme equivocado en todo ello.   

El punto toral es que el sistema contemplado por la Constitución adolece de errores de diseño y, por mucho que se le haya intentado insuflar un hálito de vida, procurando regular el funcionamiento de las comisiones de postulación, es imposible que dé buenos frutos. Casi 25 años de experiencia institucional vivida nos lo demuestran y la lógica aplicada al análisis del diseño actual, nos lo confirma. 

El Comisionado Castresana tiene razón: la reforma debe hacerse ya. Cada día que sea pospuesta solamente corre para  indignación de tanta víctima que no ha encontrado justicia, y para beneficio de tanta mafia que sigue operando impune. Pero es innegable que en éste, el país de la desconfianza, muchos temen porque se pierda el precario equilibrio que perciben como todavía existente. ¿Cómo aplacar, entonces, esos temores?

En mi opinión solamente hay una solución: que se consiga un amplio consenso partidario en cuanto a que la reforma se circunscriba a las normas constitucionales que rigen lo relativo a las detenciones, los allanamientos y la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, y que las reglas que se propongan para sustituir las hoy vigentes recojan los principios prácticamente universales de organización de un sistema de justicia verdaderamente independiente, eficaz e imparcial.  

Cualquier tema o materia que se planteara como objeto adicional de una posible reforma constitucional sería, creo yo, motivo suficiente para que el proceso naciera muerto. Siendo yo uno de quienes han planteado públicamente la necesidad de revisar otras partes de la Constitución, soy el primero en reconocer que, pretender su abordaje en estos momentos, supondría enterrar cualquier posibilidad de relanzamiento de nuestro sistema judicial.  

Por consiguiente, el desafío concreto más significativo consistiría en que el Presidente de la República supiera asumir el liderazgo necesario, como Jefe del Estado y representante de la unidad nacional, para encauzar adecuadamente un proceso tan fundamental como impostergable. Para que los partidos políticos coaligados al oficial y los de la oposición lleguen a reconocerle ese liderazgo y para que consiga el respaldo de los demás sectores de poder del país, es indispensable que consiga circunscribir el ámbito material de la reforma a los aspectos ya indicados, pues es casi imposible pensar en que pudiera haber otros temas, distintos de la seguridad y la justicia, capaces de aglutinar a la totalidad de la sociedad y sus instituciones.