El neo-apartheid de Arizona

El Expreso de Guayquil

En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, de 4 de julio de 1776, en su Preámbulo, se señala: “Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, (…) pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, que persigue invariablemente el mismo objetivo, evidencia el designio de someterlos bajo un despotismo absoluto, es el derecho de ellos, es el deber de ellos, derrocar ese gobierno y proveer nuevas salvaguardas para su futura seguridad”. Parece que, con la promulgación de la inicua ley SB 1070, la gobernadora y congresistas del Estado de Arizona nunca han conocido estos textos históricos, lo cual vacía de contenido al permanente discurso sobre la democracia como a la actitud providencial de su Estado Federal.

Llama la atención que un país que institucionalizó y se pobló por la inmigración como política de Estado, como condición para lograr el desarrollo que ha conseguido, en particular después de la guerra de la Secesión. Sorprende, que actualmente Arizona, sin recordar su pasado histórico y vinculación con México, asuma una conducta estadual racista y xenófoba que es un mal ejemplo para el resto de la Unión Norteamericana. Coincidimos con el presidente Obama cuando califica a esta ley de marras de equivocada, a la cual nosotros tildamos de ilegal y de discriminación racial.

Este escarnio legal a la maltratada democracia norteamericana provocada por republicanos, seguidores de esa vergüenza nacional que son Bush y McCain, y de grupos civiles con comportamientos neonazis que están afectando a la cultura cívica del país y poniendo en duda y controversia a los planteamientos de respetables teóricos políticos, como sostenía Robert Dahl que “es la democracia de la sociedad la que garantiza la vigencia de la Constitución”.

Finalmente, pensamos que el Gobierno Federal no puede dejar que prospere esta barbaridad legal (“la detención por sospecha razonada”, burdo etiquetaje) y debe iniciar su proceso de inconstitucionalidad, por ser un atentado a los derechos humanos y a la Constitución, por encima de un débil argumento europeo justificativo del ejercicio de una soberanía, pero desde una perspectiva maniquea y hegemónica.