El Salvador: El financiamiento de los partidos

Las recientes deserciones y realineaciones de diputados en la Asamblea Legislativa están evidenciando cada vez más el problema fundamental que tiene nuestra institucionalidad democrática: la incapacidad de los votantes de hacer que sus mandatarios cumplan con los mandatos que ellos les dan al elegirlos. Uno de los resultados de esta falta de control es el desaforado desarrollo que ha tenido el clientelismo en el país en los últimos años.

En un ambiente en el que el electorado no tiene o no ejerce el poder que tiene para que sus representantes realmente lo represente, la fuente del poder se mueve rápidamente del pueblo a grupos de patrones y clientes que sí ejercen un control estricto de lo que hacen los políticos. Como ya lo he definido varias veces en estas páginas, el clientelismo es el tipo de relación en el que un patrón genera apoyos de otros (llamados clientes) a través de darles privilegios. En otros artículos me he concentrado en el caso en el que el patrón es un político que genera privilegios y con ellos paga el apoyo económico y político que grupos de clientes le dan para luego aprovecharse de los privilegios. Pero también existe el otro caso, en el que el patrón es una persona o un grupo con mucho dinero (en este caso, el patrón), que da apoyo a aquellos políticos que están de acuerdo con darle o mantenerle ciertos privilegios económicos o políticos. Es decir, el patrón puede ser el político o el magnate. En todos los casos, hay de ambos, en una relación simbiótica en la que uno no puede vivir sin el otro. Sin embargo, a la larga, tiende a haber más personas que están dispuestas a tener puestos políticos dando privilegios a grupos, que grupos que tengan suficiente dinero para mantener económicamente una red de clientelismo.

Gradualmente, los grupos que controlan grandes cantidades de dinero obtienen el control, total o parcial, de partidos políticos. Aunque superficialmente pudiera parecer que la posibilidad de establecer este control favorece principalmente a empresarios que quieren privilegios económicos en la economía formal, un poco de reflexión sugiere que estos grupos pueden ser no sólo legales sino también legales, que pueden ser nacionales o extranjeros, y que pueden representar los intereses de por gobiernos extranjeros que quieren dominar políticamente al país. Una vez entendido esto es fácil ver que los que tienen la ventaja a la larga son los grupos ilegales y los gobiernos extranjeros deseosos de controlar el país. No hay grupo de negocios legítimo en el país que pueda competir en poder de compra con grupos de negocios ilegítimos o con las profundas billeteras de algún país petrolero. A la larga, éstos son los que pueden dominar un sistema en el que los ciudadanos no ejercen el control sobre sus políticos.

Las maneras en las que los patrones ejercen control sobre sus clientes pueden clasificarse de acuerdo a varios criterios. Hay dos categorías de acuerdo a la durabilidad de la relación. Una es un pago por un favor específico. Este no es el preferido por los patrones, porque deja el futuro abierto a nuevas negociaciones cada vez que la red requiera de un favor. Por esta razón, los patrones prefieren hacer tratos de largo plazo, en los que la voluntad del político cliente queda subordinada a la voluntad del patrón. También hay dos tipos de contrato de acuerdo al uso de los fondos involucrados en la transacción. Uno es el pago al cliente que éste puede usar como le da la gana. Este tipo de pago es muy común en estos arreglos cuando se trata de un favor muy especial. No es conducente, sin embargo, a establecer el tipo de relación permanente que los patrones prefieren, porque no garantiza que el cliente siga ocupando el mismo puesto después de las siguientes elecciones. Eso es lo que hace muy atractivo el otro tipo de ayuda al cliente: financiarle la campaña electoral. Esto, por supuesto, no garantiza que el cliente sea reelecto, pero sí aumenta las probabilidades de que lo sea.

El camino de la compra directa de voluntades está supuestamente controlado por las leyes contra la corrupción y el peculado. Pero el camino a la financiación de campañas está abierto porque no hay ninguna regulación en este respecto. Es urgente cerrarlo si es que queremos seguir siendo un país soberano. Aunque hay muchas otras cosas que pueden ayudar a cerrarlo, la más importante es regular el financiamiento de los partidos. Este financiamiento debe reformarse volviéndolo transparente (que todo el mundo pueda saber quién dio cuanto y cuando) y prohibiendo las contribuciones que sean tan grandes como para generar compromisos o las apariencias de éstos. En vez de tener pocos donantes de mucho dinero, los partidos deben ser financiados con muchas donaciones de poco dinero. Por supuesto, hay que institucionalizar el control de este sistema.

Estas reformas irían en beneficio de todos los que tienen intereses legítimos en la política del país. si no se hacen, la fuga de diputados de un partido a otro y de una ideología va a continuar. Y no sólo eso. Un día los miembros de un partido político pueden descubrir que su partido entero se ha entregado a la voluntad de intereses de grupos nacionales o extranjeros. Nadie está libre de esta amenaza. La fuga de diputados y el cambio de carácter de partidos se han vuelto tan comunes que ya nadie se sorprende cuando sucede. Cada partido que ponga su barba en remojo.

El autor es Master en Economía, Northwestern University y columnista de El Diario de Hoy.