Chile: Una tormenta en una gota de agua

La Tercera

La pérdida de la fuente de trabajo, sin duda, es algo que remece fuertemente no sólo a la persona afectada, sino que muchas veces a una familia. Por ello, no se puede tomar a la ligera ningún tipo de despido. Pero lo que tampoco se puede tomar a la ligera es suponer que la administración pública es una fuente de empleo permanente sin importar si ello implica hacer un uso eficiente o no de los recursos públicos. 

Veamos de qué estamos hablando tras la polémica que ha levantado en los últimos días la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), criticando fuertemente los despidos de funcionarios públicos. Entre 1990 y 2008 la dotación efectiva del gobierno central creció en un 64%, mientras que nuestra economía aumentó en un 49% el número de personas ocupadas.  

No hay una cifra oficial respecto de las personas que han dejado la administración pública en estos meses, pero se ha hablado de 1.373 despidos y no renovación de 1.255 contratos. Ello representa el 0,5% de la dotación efectiva en el caso de las personas a contrata que no continúa sus labores en la administración pública, bastante menos que el  magro 1,6% del presupuesto que se reasignó este año para efectos de financiar la reconstrucción posterremoto.

En el caso de los honorarios, las desvinculaciones representan el 11% del total de ellos, de los cuales más de la mitad corresponde a personas cuyo contrato no fue renovado. No se entiende, entonces, el asombro que esto ha generado, ya que el contrato a honorarios se usa precisamente para trabajos específicos, puntuales y no para labores permanentes en la administración pública. Por consiguiente, más bien cabe preguntarse por qué determinados sectores ven con malos ojos la no renovación de estos contratos, que son, en su esencia, transitorios. 

Es importante aclarar que las desvinculaciones y no renovación de contratos por parte de la nueva administración se enmarcan en las normas de flexibilidad con las que cuenta. Normas que bien conocen y han aplicado los anteriores gobiernos, ya que el aumento de la dotación efectiva se debe íntegramente a personal a contrata. Así, mientras a 1995 el 70% de la dotación efectiva estaba ocupada por personal de planta y un 26% a contrata, el 2008 el 52% de la dotación efectiva corresponda a personal a contrata y un 46% a planta.

Por el lado de las desvinculaciones, este gobierno no ha sido distinto a lo hecho por los anteriores. Es más, pareciera ser que ha sido más conservador respecto de las desvinculaciones del personal a contrata que las administraciones pasadas. 

No cabe hacer una defensa o ataque de un determinado número de desvinculaciones en la administración pública. Lo que debe ser el debate de fondo es el uso que se le da a la flexibilidad con la que cuenta la administración pública en materia de contrataciones.  

Resulta adecuado que la administración pública cuente con espacios flexibles para contratar funcionarios públicos de acuerdo a sus necesidades, las que, sin duda, se modifican al cambiar un gobierno y más aún cuando asume una administración con un marcado compromiso con un Estado eficiente y orientado a entregar bienes y servicios de calidad a la ciudadanía. 

Lo importante es avanzar hacia un escenario en el que se dé una cuenta pública de las contrataciones y desvinculaciones que se hagan, para que así los chilenos sean los que finalmente juzguen lo que ello ha implicado en cuanto al buen diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

Bettina Horst es Subdirectora Libertad y Desarrollo