El ejército de Colombia muestra su valor

The Wall Street Journal

Los colombianos se alegraron la semana pasada con la noticia de que el ejército había rescatado a cuatro rehenes, entre ellos un general de la policía, que permanecieron cautivos por casi 12 años en la selva por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

El logro, sólo una semana antes de la segunda ronda de la elección presidencial, fue fortuito para el candidato del Partido de la U, Juan Manuel Santos, un ex ministro de Defensa del presidente Álvaro Uribe. Durante la gestión de Santos como ministro entre 2006 y 2009, el ejército colombiano obtuvo varias victorias decisivas contra las Farc. Esos eventos fueron cruciales para un país que hace sólo una década era considerado casi un Estado fallido. Al cierre de esta edición, se proyectaba que Santos vencería al candidato del Partido Verde, Antanas Mockus.

El éxito de la Operación Camaleón, como fue apodado el plan de rescate, tiene un profundo significado que va mucho más allá de los resultados electorales. Le causa un grave daño a la campaña propagandística global de las Farc contra el ejército colombiano y revela nuevas informaciones sobre la crueldad de los guerrilleros. Lo que se divulgó en esta espectacular liberación también perjudica a los líderes del Partido Demócrata en Washington, que han simpatizado con la postura de las Farc.

Cuando los hombres liberados aparecieron ante las cámaras de televisión, aún llevaban cadenas en sus cuellos que las Farc usaban para amarrarlos a árboles por la noche. Esas cadenas son un símbolo de la crueldad de la que fueron víctimas los rehenes. En 2008, sin embargo, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, recibió a la mayor aliada de las Farc en la política colombiana, la senadora Piedad Córdoba, en su oficina en el Congreso estadounidense. Además de juntarse con la política favorita de los terroristas, Pelosi ha mostrado su mala voluntad hacia el gobierno de Colombia al bloquear la aprobación del tratado de libre comercio entre los dos países.

La narrativa de las FARC se forja sobre la afirmación de que el gobierno civil, del cual depende el ejército, muestra una descarada indiferencia hacia los derechos humanos. Los numerosos homicidios de sindicalistas en los últimos años supuestamente así lo prueban. No importa que los grandes sindicatos del sector público en Colombia tradicionalmente compartan una ideología revolucionaria con las Farc, lo que los coloca en el lado izquierdo de la violencia política del país. En el otro lado, grupos de defensa propia tomaron las armas. Voces antigubernamentales como los simpatizantes de las Farc ignoran el hecho de que a medida que Uribe fortaleció y profesionalizó el ejército, con la ayuda de EE.UU., la cantidad de homicidios de sindicalistas ha caído de forma pronunciada.

El rescate en el remoto departamento de Guaviare en el sudeste del país es un buen ejemplo de la aptitud del ejército colombiano actual. Tuvo que localizar la base donde mantenían cautivos a los cuatro rehenes, estudiar los detalles de sus operaciones diarias y ejecutar un plan para garantizar el elemento sorpresa. Al final, el comando de élite utilizó una combinación de inteligencia, estrategia militar y pura valentía para abrirse paso a través de la selva y dar el golpe en el momento preciso. Testigos señalan que hubo un tiroteo para cubrir a los rehenes que huían en medio de la balacera. No fue un trabajo de una banda de forajidos.

Al igual que en cualquier ejército, en Colombia ha habido casos de abuso por parte de soldados. Un escándalo en 2009 involucró a varios oficiales de bajo rango que llevaban a hombres jóvenes a la selva donde eran asesinados. Sus cuerpos eran vestidos como guerrilleros y presentados a sus superiores como asesinatos exitosos para obtener reconocimiento para la unidad.

Las autoridades colombianas han llamado estas muertes como "falsos positivos" y los medios de comunicación han sensacionalizado el caso. Sin embargo, no hay pruebas de que hayan sido orquestados por los líderes del ejército o que haya sido institucionalizado. Tampoco es claro cuántos falsos positivos hubo. La práctica en Colombia de indemnizar con hasta un máximo de US$400.000 a las familias de víctimas de abusos del Estado ha generado un frenesí entre los abogados buscapleitos de organizaciones no gubernamentales. Debido a que, en la práctica, no hay consecuencias por mentir bajo juramento, la verdad sobre los falsos positivos será difícil de revelar.

En 2005, visité el campo de entrenamiento militar de Tolemaida. La experiencia mejoró mi apreciación de la disciplina y el coraje militar. Mis anfitriones me persuadieron para que me tirara de cabeza de una torre de entrenamiento de 14 metros de altura que usaban para enseñarles a las fuerzas especiales a saltar de un helicóptero a la selva con una soga. No me gustaría dedicarme a eso.

También visité el curso de capacitación en derechos humanos del ejército. Luego conocí a un estadounidense que estaba entrenando con los colombianos. Éste mencionó los estrictos requisitos que el ejército ha adoptado para proteger a los civiles en este conflicto. "Señora", me dijo, "los estadounidenses no pasamos toda la noche gateando a través de la selva para que cuando estemos al alcance del enemigo podamos pararnos y declarar nuestra presencia. Pero eso es lo que tienen que hacer estos muchachos", manifestó. Entrenar en Colombia, me explicó, ha sido "una verdadera prueba de mis agallas".

La operación de la semana pasada demandó profesionalismo, agallas y el mayor respeto por la vida humana. Es otro ejemplo de lo equivocado que están los demócratas en condenar a Colombia y bloquear el acuerdo de libre comercio.