Políticos con códigos de barras

En la política también hay códigos. Aunque a juzgar por los cada vez más frecuentes transfuguismos partidarios, que no parecen responder a repentinas iluminaciones ideológicas sino a (miles de) otras razones, cabe sospechar que los códigos de ciertos políticos son de otro tipo. Aparentemente son códigos de barras: un simple escaneo alcanzaría para conocerles el precio.

A esta característica, que si bien no es exclusiva de El Salvador alcanza por estas playas niveles de aguda epidemia, de poco sirve lamentarla. La condena verbal tampoco aporta demasiado: a algunos les podrá servir de catarsis, pero nada le hace una mancha más al tigre.

Asimismo, pensar en castigos judiciales parece una ingenuidad: los acusados pronto encontrarán argucias leguleyas para eludirlos. Ocurre que no toda inmoralidad es una ilegalidad. Y además habría que probárselo en juicio a personas que tienen inmunidad. Olvídelo, el camino es otro.

James Wilson, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, decía con acierto que "el poder pone a seres ordinarios frente a tentaciones extraordinarias". Si un juez se presta al soborno, ¿quién podrá garantizar la justicia?. Si un diputado tiene código de barras, ¿quién podrá garantizar que su voto en la Asamblea sea el que querían quienes lo eligieron?

Para analizar el problema existe una fórmula, naturalmente de valor conceptual más que numérico, que nos permite evaluar los elementos que aumentan o disminuyen el grado de corrupción existente en una sociedad. Fue desarrollada por Robert Kliegaard, de la Universidad de Harvard, e indica que corrupción es igual a monopolio, más discrecionalidad, menos transparencia: C = M + D – T

El mérito de este planteo es que no se centra en los aspectos éticos sino en el funcionamiento de las instituciones corruptas. Tomando a la política como ejemplo, monopolio sería el que tienen los partidos políticos, discrecionalidad sería la posibilidad de que un mandatario (cualquiera sea el poder al que pertenezca) haga lo que le plazca. Y transparencia sería la falta de rendición de cuentas. Evidentemente, a la política le cabe muy bien la fórmula.

Mucho antes de todo ello Aristóteles ya había señalado de qué manera la deslealtad de los gobernantes que utilizan el poder en beneficio propio hace que las tres formas de gobierno por él definidas como "puras" degeneran en formas "impuras": la monarquía en tiranía, la aristocracia en oligarquía, y la democracia en demagogia.

En pleno Siglo XXI son muchas las democracias con importantes contaminaciones de demagogia. Y El Salvador no es la excepción. Por supuesto que no es algo que haya comenzado el año pasado, como algunos alegan. Ni tampoco es cierto que haya terminado el año pasado, como otros contestan. Ambas son visiones fanatizadas de la realidad.

¿El camino? Que la ciudadanía, a nivel individual y a través de sus organizaciones civiles, cuestione los hechos y la información que recibe, sea de naturaleza política o económica. Con espíritu crítico.

Un ejemplo, que no necesariamente delata corrupción pero sí merece una aclaración, fue la noticia aparecida el pasado sábado ("El país se endeuda más", EDH, pág. 47), sobre la emisión de 200 millones de dólares en bonos a 15 años.

Más allá del nivel de endeudamiento alcanzado (52% del PIB), llama la atención el comentario "…sólo queríamos emitir 150 millones, pero hubo una demanda bastante buena por lo atractivo de la tasa de interés".

Si la tasa era tan "atractiva" como para que la demanda superase a la oferta que "querían emitir", la pregunta es, ¿por qué no emitieron sólo 150 millones, a una tasa más baja?

Hasta la próxima.

El autor es Ingeniero, Máster en Economía (ESEADE, Buenos Aires) y columnista de El Diario de Hoy.