Venezuela-Honduras, el doble estándar

 

Que la política exterior del actual gobierno está ideologizada es una verdad de perogrullo. Ello ha quedado evidenciado en reiteradas ocasiones desde el 15 de agosto de 2008. Sin embargo, las afiebradas gestiones destinadas a asegurar el ingreso de Venezuela al Mercosur, son una muestra harto elocuente del elevado componente doctrinario que el luguismo incorpora en el manejo de las relaciones del Paraguay con la comunidad internacional.  

El Gobierno nacional promueve a toda costa la ratificación del Protocolo de Adhesión de Venezuela al bloque, aun cuando existen sobradas pruebas de que el régimen de Hugo Chávez socava la institucionalidad democrática en su país, y que ello atenta contra un instrumento clave del proceso de integración regional: el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur.   

Contradictoriamente, y argumentando la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, suscrita el 11 de septiembre de 2001, el Poder Ejecutivo apoyó a comienzos de julio del año pasado la expulsión de Honduras de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El propio Fernando Lugo en persona anduvo por Washington verificando in situ la aplicación del “ejemplar” castigo al país centroamericano.   

La grave y extrema sanción fue adoptada a tambor batiente por una OEA sometida a la extraordinaria presión del eje bolivariano, incluso sin mediar la cabal activación de los mecanismos que la propia Carta Democrática Interamericana establece en casos de ruptura del orden democrático, destinados a “promover la normalización de la institucionalidad”, tal como establece el tratado.   

El artículo 21 de la Carta, refiere que cuando la Asamblea General de la OEA “constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas (…) tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación” en el organismo.   

Sin embargo, en esa oportunidad, tales “gestiones diplomáticas” nunca existieron, y se procedió a sancionar a Honduras de una, en lo que constituyó una severísima determinación que aun hoy, ante la existencia de un gobierno democráticamente electo en aquel país, la propia OEA –debido a la misma intransigencia de los bolivarianos– sabe cómo hacer para revertir.   

Está claro, Honduras es pobre, y a los pobres se les aplica un rasero diferente al de las naciones ricas en petróleo, tal como lo hace el gobierno de Lugo, tan urgido a la hora de entronizar a Venezuela en el Mercosur, y displicente cuando de reincorporar a Honduras a la OEA se trata. Por lo visto, el concepto de “vigencia de la institucionalidad democrática” le merece “oportuna” interpretación, según se trate de sus compadres bolivarianos o de la abominada oligarquía. Paradójicamente, la expulsión de Honduras de la OEA –apoyada fervientemente por Paraguay, Argentina y Brasil– afectó a un país como tal, no solo al régimen de facto de Roberto Micheletti. Ahora, Lugo, Néstor Kirchner y Marco Aurelio García, entre otros próceres de la diplomacia criolla, nos piden que no castiguemos a Venezuela por culpa de Hugo Chávez, que la dejemos entrar al Mercosur. Evidentemente, la autenticidad no parece ser un principio que rija el comportamiento del actual Gobierno en sus relaciones internacionales.